Trascendió días atrás que el gobierno nacional se prepara para modificar la Ley Nacional de Turismo mediante un decreto que eliminará varios programas sociales, obras públicas y capacitaciones gestionadas por la Secretaría de Turismo, que depende de Daniel Scioli.
La medida afectará diversas áreas clave, incluidos los programas dirigidos a los sectores más vulnerables y el desarrollo de infraestructura turística.
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el decreto modificará los artículos 7 y 8 de la Ley de Turismo (25.997), que establece que la secretaría tiene la obligación de desarrollar un Plan de Turismo Social, especialmente dirigido a los sectores más desfavorecidos.
La reforma eliminará el Plan Federal del Turismo Social, que contaba con un presupuesto anual de 7.475 millones de pesos para ofrecer servicios turísticos accesibles a estudiantes, familias y eventos, a través de los complejos turísticos de Chapadmalal en la provincia de Buenos Aires, y Embalse en Córdoba.
En total, la Secretaría de Turismo tiene un presupuesto de $65.909 millones, pero la decisión del gobierno sería traspasar a las provincias las responsabilidades relacionadas con el fomento y la investigación de proyectos turísticos. «La idea es que las jurisdicciones fomenten su propio turismo. No tiene por qué hacerlo el gobierno», expresaron fuentes oficiales.
El Plan de Turismo Social incluye servicios como pensiones completas (desayuno, almuerzo y cena) y alojamientos de diversas categorías, con hoteles que brindan acceso a infraestructura básica. Sin embargo, la medida del Ejecutivo implica también la eliminación de la inversión en obras turísticas y la disolución del Observatorio de Turismo Social.
Además, se derogarán las facultades para instalar oficinas turísticas en el exterior, una función que será transferida a Cancillería.
El gobierno nacional también recortará las capacitaciones para privados en el sector del turismo, eliminando el campus virtual que ofrecía 50 cursos y cápsulas de aprendizaje para el desarrollo de competencias profesionales vinculadas al área.
«El Estado no tiene por qué abarcar ese tipo de actividades. El decreto va a eliminar funciones que no deberían hacerse desde la gestión pública», argumentan las fuentes.
Otro de los cambios que se concretarán con este decreto será la derogación de los artículos 8, 33 y 35 de la Ley de Turismo, que establecen la gestión y concesión de créditos para la construcción y remodelación de infraestructura turística.
