Cada vez que transitamos por la vía pública a menudo nos encontramos con espacios de difícil acceso. Ausencia de rampas para subir a la vereda, ausencia de rampas (aunque sean mínimas) para ingresar a negocios de gran circulación de gente, a restaurantes, cafeterías e incluso a lugares donde tenemos que concurrir a hacer pagos o compras.
Cordones elevados, juguetes y artefactos colgados en los accesos a los negocios, mesas y sillas en grandes sectores de las veredas de las confiterías que dejan un pequeño espacio para el tránsito, ventas en la vía pública, baños inaccesibles para personas con sillas de ruedas, o para personas ciegas, ausencia de indicadores claros, escalones desparejos o difíciles de subir o de bajar, falta de barandas en accesos públicos, lugares de difícil tránsito para madres o padres con carritos, etc., es lo que podemos encontrar en la ciudad al tránsito de peatones.
Estas dificultades tienen el nombre de barreras de accesibilidad.
Una barrera de accesibilidad es un obstáculo que impide o dificulta la realización de una determinada tarea o actividad, afectando de esta manera a la plena integración social de las personas.
Esta denominación es habitual en el lenguaje de arquitectos e ingenieros, para referirse a aspectos que son tenidos en cuenta cuando se diseña un edificio nuevo o cuando se hacen reformas.
Pero muchas veces encontramos estas barreras en edificaciones (negocios, viviendas, plazas, espacios públicos) que ya tienen cierta data y que no se han “modernizado”, es decir que no se han reacondicionado para facilitar el uso de todas las personas.
En el caso de nuestra ciudad, por solo mencionar dos espacios públicos que deberían tener ascensor o elevador, son el Centro Cívico Alborada (edificio donde funcionan las oficinas municipales y algunas provinciales, el despacho del intendente en el primer piso, otras oficinas y el Consejo Escolar y el Honorable Concejo Deliberante en el segundo piso). El Centro Cultural (foto destacada) tiene dos tramos importantes de escaleras, inaccesibles para muchos.
También es un término que se utiliza en el caso de las personas con discapacidad, que son las que más limitaciones sufren por cuestiones relativas a sus propias condiciones para deambular por la vía pública con o sin apoyos (con otra persona que los acompañen, con el uso de bastones, carritos o sillas de ruedas). En el caso de las personas con discapacidad, pueden definirse concretamente porque hoy enmarca a la denominación de discapacidad el modelo social.
El modelo social considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales. En sus diferentes estructuras y contenidos, esta nueva propuesta se define en el marco de las políticas públicas por cuanto plantea como un derecho humano la posibilidad de gozar de los derechos de todas y todos los ciudadanos.
Este nuevo paradigma considera que las causas que se encuentran en el origen de la discapacidad, son sociales, por cuanto las soluciones a estas cuestiones no tienen un sentido individual sino social, pues no deben dirigirse a las personas en forma individual sino que deben ser ofrecidas a todos los habitantes.
Ya la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo plantea en su artículo 9 y expresa que debe implementarse en calles, veredas, transportes, escuelas, lugares de trabajo, edificios públicos y privados, en zonas urbanas y rurales. Incluye la accesibilidad física, la señalética y el acceso a la información y los Estados están obligados a incorporarla. Es la condición previa para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad con equidad.
Este análisis va más allá del simple deambular, plantea que los productos, programas, entornos y servicios puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posibles, sin la necesidad de adaptación o diseño especializado.
Tener en cuenta estas especificaciones aporta a implementar medidas que reduzcan las barreras físicas, que son responsabilidad del Estado (que se han suscripto a estos tratados).
A tal punto son importantes, que estas medidas de apoyo van más allá de la accesibilidad. También son importantísimas y valiosas para que las personas con discapacidad desarrollen su autonomía y tengan una vida independiente. Estas medidas pueden ser tecnológicas o de asistencia de una o más personas para que todos y todas puedan acceder a prácticas, espacios y accesos con autonomía.
Así, podemos decir entonces que no son sus limitaciones individuales las raíces del problema, sino que son las limitaciones de la misma sociedad para prestar servicios adecuados y asegurarse que las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Es decir, respetar las diferencias, brindar un ambiente seguro, favorecer la equidad y las oportunidades iguales para todos y todas.
Pero lo social lo transitamos todos. Entonces, si nos desprendemos por un instante de las limitaciones de las personas con discapacidad, también nos encontramos que estas barreras de accesibilidad se extienden a otros sectores de la población cuyo número, aunque parezca mínimo, es también importante y debe gozar de los mismos cuidados y beneficios.
Nos referimos a niños, adultos mayores, madres o padres con carritos de bebes, personas con dificultades de salud, personas con asistencia transitoria por quebraduras o lesiones temporales. Así, entonces, parece a veces que la ciudad está hecha para unos pocos, que son los comprendidos entre los 20 y los 50 años que gocen no solo de buena salud sino que no tengan ninguna discapacidad.
Es hora de rever el diseño de los espacios públicos y de que los Estados, a través de los funcionarios que correspondan, comiencen a tener una mirada más igualitaria para devolverle a toda la sociedad el derecho al uso de espacios libres de barreras de accesibilidad.