La Defensoría del Pueblo de la Nación inició una actuación de oficio con el objeto de investigar la posible vulneración a los derechos de las personas con discapacidad, debido al presunto recorte o reasignación presupuestaria de las partidas destinadas al área.
Anteriormente se habían iniciado varias actuaciones particulares ante las quejas generalizadas de grupos de profesionales.
El objetivo de esta investigación es determinar el panorama general en que se encuentran hoy las prestaciones y, en su caso, pedir al Estado nacional y a los efectores y prestadores de los servicios de salud involucrados, las rectificaciones de la administración que fueren menester realizar.
La Defensoría nacional considera fundamental hacer cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley N° 26.378) y la Ley Nº 24.901, de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad, por quienes tienen el deber de brindar prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana.
El gobierno nacional insiste en negar que exista recorte en los fondos con los que se financian las prestaciones para las personas que sufren una discapacidad, pero admitió que hubo un retraso en los pagos que realizan la Superintendencia de Servicios de Salud y las obras sociales.
De todas maneras, prestadores de servicios de salud, organizaciones que nuclean a familias y pacientes afectados han acentuado en todo el país el reclamo por el atraso en los pagos de las prestaciones específicas del sector, lo que ha provocado, en casos, la interrupción de tratamientos.
Los manifestantes afirman que el retraso es parte de un “ajuste en discapacidad”, admitiendo que históricamente los prestadores cobran meses después de brindar el servicio pero que en agosto no estuvieron percibiendo lo del período de mayo a junio.
