Como es sabido, el presidente Javier Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que deroga múltiples leyes con el objetivo central de desregular la economía.
Entre los 366 artículos de las reformas anunciadas se incluyen tres medidas que impactan directamente en la actividad turística.
El documento menciona que no es posible desconocer la importancia que el desarrollo del turismo tiene en el crecimiento económico del país, “más aún cuando se cuenta con atractivos turísticos inigualables y en un contexto de creciente globalización”.
Leyes que quedan sin efecto
Como punto de partida se deroga la Ley N° 18.829 dejando a la actividad plenamente desregulada. “Esto va a redundar en una mayor competencia entre las empresas del sector y en beneficio de los ciudadanos”, dice el DNU.
Además, deja sin efecto las leyes N° 18.828 y N° 26.356 a los efectos de «liberar la actividad de alojamientos turísticos de carácter privado y reducir su carga burocrática».
“El DNU deroga tres leyes puntuales y básicamente la situación es que el mercado de agencias y otros prestadores queda desregulado”, confirmó el abogado Diego Benítez, experto de la Organización Mundial del Turismo, en una nota que publica Clarín.
Esto significa que ya no existe más el registro de agencias de viaje con idóneos (que permitía la habilitación de la agencia) permitiendo que cualquiera pueda vender viajes, por ejemplo.
Benitez propone “armar una mesa público-privada para acordar algunas cuestiones a partir de este DNU y que, por lo menos, se establezcan tres requisitos básicos para tener una agencia de viajes: designación comercial, seguro y representante técnico (profesional del turismo)”.
Santiago Aramburu, también especializado en Derecho del Turismo, por su parte, señala algunas cuestiones que habrá que considerar.
En primer lugar, al derogarse la ley 18.829 (de agencias de viajes) de 1970, caen junto con ella todas sus normas complementarias: hay más de 100 resoluciones.
“Los contratos turísticos suelen ser contratos a futuro: se paga y el servicio se brinda más adelante, no es inmediato. Por lo tanto, si surge un problema (cierra la empresa o si la web desde la que se contrata se da de baja) deja de existir una importante vía administrativa de reclamo gratuita y sin necesidad de representación legal”, señala.
De todos modos, no significa que el viajero quede desamparado: está Defensa del Consumidor, que rige el contrato de viajes.
“Quizá esta situación da lugar a herramientas como certificaciones de calidad o agrupaciones de agencias brindando determinadas garantías. O asociaciones de consumidores generando espacios de mediación”, considera Aramburu, quien también se plantea otros interrogantes sobre el DNU como qué pasará con el dominio tur.ar (que usan agencias y destinos) y con los viajes de egresados, ya que la ley de egresados (25.599) hace referencia a la derogada 18.829.
“Acá hay una discusión de fondo que es el rol del Estado y el consecuente gasto que puede tener esa obligación. Independientemente de la postura y el rol que cada uno crea que tiene que tener el Estado, siempre tiene que haber alguien que debe resolver qué hacer”, dice.
Hotelería
En cuanto a la hotelería, la ley 18.828 ya no se estaba aplicando porque cada provincia tiene su propia normativa de alojamientos turísticos.
“Ya no estaba vigente, se hizo en su momento para incentivar la inversión hotelera durante el Mundial 78. Todo lo que es categorización se regula en materia provincial por lo que no cambia nada y efectivamente derogar esa ley facilita el entendimiento”, sostiene Gabriela Ferrucci, presidente de la Asociación de Hoteles de la República Argentina (AHT).
Por otro lado, Ferrucci sostiene que la derogación de la ley 27.221 (de locación de inmuebles) puede afectar a los huéspedes de plataformas como Airbnb, ya que el que contrata el servicio pasa a tener un contrato de locación y no con fines turísticos.
“En ese caso, el huésped deja de estar protegido ante Defensa del Consumidor, pero la realidad es que en la práctica tampoco lo estaba porque la mayoría de estos inmuebles no estaban registrados y nadie tributaba por ese alquiler”.
Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) dejaron en claro su descontento con las medidas del presidente.
En el artículo mencionado, Walter Rodríguez, secretario de la entidad sostuvo: “El problema principal es la disolución del registro. Nosotros vendemos servicios para ser dados a futuro y eso es un riesgo para el comprador. Siempre existe el riesgo de que quiebre una agencia de viajes. Se entiende que al existir un registro el riesgo es menor porque se exigen ciertas cosas y hay seguros. Es en defensa de los consumidores”.
En un comunicado de prensa emitido por la entidad gremial empresaria se afirma: “A nuestro criterio, mejorar la competitividad no significa la eliminación de todo registro, ya que la existencia de un control concreto disminuye la cantidad de casos que van a defensa de consumidor y protege a los pasajeros garantizándoles que están contratando servicios en agencias habilitadas, capacitadas y constituidas por profesionales idóneos para dar respuesta».
Una de las cuestiones que produjo mayor malestar en FAEVYT fue que el presidente catalogó a las agencias de viaje de “monopólicas” durante la cadena nacional emitida el pasado miércoles 20.
“Lamentamos profundamente el desconocimiento al referirse a nuestra actividad como monopólica, cuando se trata, muy por el contrario, de uno de los sectores más diversos y descentralizados del turismo».
La objeción a la calificación se fundamenta en que «siendo más del 80% de las agencias de viajes, PyMES que trabajamos con un registro abierto a la incorporación de cualquier empresa que cumpla con los requisitos para ejercer una tarea profesional y responsable velando –también– por los derechos de los pasajeros. Vale destacar, además, que competimos abiertamente con prestadores directos, como hoteles y compañías aéreas”.