El Gobierno nacional promulgó la ley de modernización laboral, una de las reformas estructurales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. La norma había sido aprobada por el Senado el 27 de febrero y entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.
La iniciativa fue sancionada en la Cámara alta con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, luego de un extenso debate parlamentario.
Según el Gobierno, el objetivo central de la ley es “modernizar” el sistema laboral argentino para incentivar la generación de empleo formal, atraer inversiones y reducir la informalidad, que afecta a una parte importante del mercado de trabajo.
Entre los principales cambios que introduce la reforma se destacan modificaciones en el sistema de indemnizaciones por despido, nuevas reglas para la negociación colectiva, ajustes en la estructura salarial y cambios en el funcionamiento de los sindicatos.
Uno de los puntos centrales es la modificación en la base de cálculo de las indemnizaciones. La normativa establece que ciertos conceptos —como el aguinaldo, las vacaciones no gozadas o las propinas— dejarán de computarse para determinar el monto final.
La ley también incorpora cambios en la organización del trabajo, incluyendo nuevas modalidades de contratación, ajustes en el régimen de vacaciones y la posibilidad de mayor flexibilidad en las jornadas laborales mediante acuerdos entre las partes.
Además, establece límites en los aportes sindicales que pueden descontarse del salario y redefine aspectos vinculados al derecho de huelga, especialmente en actividades consideradas esenciales, donde se deberán garantizar niveles mínimos de prestación del servicio.
El Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirán reducir costos laborales y facilitar la creación de empleo. En cambio, sectores sindicales y parte de la oposición advierten que la reforma podría implicar una reducción de derechos laborales históricos.
La ley forma parte de un paquete de cambios económicos y regulatorios impulsados por el Ejecutivo desde el inicio de la actual gestión, orientados a liberalizar el mercado laboral y promover la actividad privada.
