En un comunicado de prensa difundido este jueves, la Asociación de Guardavidas local da cuenta de que “hace pocos días, la justicia de Bahía Blanca falló nuevamente a favor de los guardavidas de Monte Hermoso, ordenando al municipio indemnizar a quienes fueron despedidos ilegalmente”.
Sin embargo, el gremio anticipa que “a pesar de este último fallo a nuestro favor, que exige indemnizar al segundo grupo de rescatistas apartados, los y las guardavidas hemos decidido apelar esa sentencia, es decir, solicitar a la Cámara de Apelaciones que la modifique”.
Explican el porqué del rechazo: “En principio porque estamos luchando para que se reconozca nuestro derecho y el de cada guardavidas a continuar trabajando temporada tras temporada en los espacios que amamos y defendemos y no para recibir retribuciones económicas por despidos”.
Aclaran que “la demanda al gobierno de Monte hermoso exige el reconocimiento de nuestras leyes laborales y la reincorporación de todos los afectados, como así también el reembolso de los montos adeudados por nuestros trabajos realizados durante los últimos dos años previos a los despidos”.
Subrayan, además, los representantes de la Asociación (cuya existencia no es reconocida por las autoridades), que “los millones de pesos que el gobierno local debería desembolsar en los guardavidas afectados, saldrían de las cuentas públicas, es decir, dinero de la gente utilizado para cubrir la persecución política del grupo que gobierna Monte Hermoso. Esa situación, para nosotros, es injusta e inconducente”, afirman.
“Los reclamos por el cumplimiento de nuestros derechos y las mejoras en la seguridad publica siguen en pie. Todos los antecedentes de otros guardavidas que sufrieron acciones similares por parte del empleador en otras playas de nuestro país, nos dan la certeza de que, como ellos, más antes que tarde, vamos a triunfar en nuestro reclamo”.
Tal certeza, añaden, está basada en “la historia de nuestra profesión, pero, además, nos lo garantizan nuestra ley provincial, la ley nacional, la ley de Contrato de Trabajo, la de Entidades Sindicales y la propia Constitución”.
Agradecen “el permanente acompañamiento y solidaridad de la comunidad en general” y enumeran y detallan las anteriores “cuatro resoluciones favorables a los trabajadores de playa”, previas a esta sentencia.
La referencia es a la dictada en primer término “en septiembre del 2021 que obligó a la reincorporación de los primeros 13 guardavidas aparatados, fallo que no fue cumplido por el municipio, ya que los ‘reincorporó’ obligándolos a trabajar fuera de la playa, continuando con la discriminación y persecución”.
El segundo fallo favorable al que hacen referencia “fue en octubre del 2021 prohibiendo al gobierno que imponga el concurso público a los guardavidas que ya tienen garantizada su continuidad por ley (no así para los nuevos aspirantes, que sí deben rendir el concurso)”
Refieren a un tercer fallo, en febrero de 2022, que “obligó a la reincorporación del segundo grupo de 13 guardavidas que fue despedido ilegalmente, dictamen que directamente no fue cumplido: los que se habían solidarizado con el primer grupo de apartados, nunca fueron reincorporados a sus puestos de trabajo, en una nueva muestra de impunidad y burla a la justicia por parte del Ejecutivo local”, dicen.
Por último, “la cuarta sentencia (julio del 2022) por parte de la Justicia de Bahía Blanca obligó al Ejecutivo a indemnizar al primer grupo de apartados, que fue rechazado por los rescatistas, como lo será el nuevo”, por las razones expuestas en el comunicado.
En la extensa comunicación difundida también detallan lo que para el gremio son aspectos increíbles del conflicto, como que “la municipalidad de Monte Hermoso, hoy bajo las órdenes de Marcos Fernández y Hernán Arranz, comenzó utilizando la estructura del Estado, un plan en la Suprema Corte para ‘voltear’ la Ley Provincial de Guardavidas. Como una y otra y otra vez la Justicia ponía un freno al Ejecutivo local obligándolo a que se respeten nuestros derechos, organizaron un plan para derogar la ley que nos protege y que llevó años consolidar. Ley construida por trabajadores de playa de toda la provincia e impulsada en la Cámara de Diputados por la hoy titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y que fue definida por Arranz como ‘un delirio’”.
También reiteran su denuncia por “la persecución, el hostigamiento y las presiones sufridas por los rescatistas organizados que dieron como resultado una denuncia de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia por ‘violencia institucional’ y la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación”.
