El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, una iniciativa promovida por el gobierno del presidente Javier Milei que busca atraer inversiones y que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
La norma vigente, sancionada en 2010, establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, prohibiendo en esas zonas actividades como la minería, la exploración hidrocarburífera y otros emprendimientos industriales.
El texto aprobado introduce modificaciones centrales en ese esquema. Entre los cambios más relevantes, propone que sean las provincias las que determinen qué formaciones glaciales y periglaciales deben quedar bajo protección estricta, en función de criterios técnicos vinculados a su función hídrica. De este modo, se reduciría el alcance de las áreas alcanzadas por la prohibición absoluta vigente hasta ahora.
Desde el oficialismo argumentan que la reforma busca “dar previsibilidad” y resolver interpretaciones que, según sostienen, generaron incertidumbre jurídica y frenaron inversiones en proyectos productivos, especialmente en el sector minero. En ese sentido, el Ejecutivo plantea que la actualización normativa permitiría avanzar en desarrollos vinculados a minerales estratégicos como el cobre y el litio, con fuerte presencia en zonas cordilleranas.
La iniciativa, sin embargo, despertó cuestionamientos de sectores de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que advierten que los cambios podrían debilitar la protección de reservas de agua dulce y afectar ecosistemas de alta montaña. También señalan que la ley actual fue considerada un hito en materia de política ambiental y que su modificación implicaría un retroceso en estándares de protección.
El debate se inscribe en una discusión más amplia sobre federalismo y recursos naturales. Mientras el Gobierno remarca que la Constitución reconoce a las provincias el dominio originario sobre los recursos existentes en su territorio, los críticos sostienen que los presupuestos mínimos ambientales deben garantizar un piso común de protección en todo el país.
Otros puntos
Entre los aspectos centrales que también se modifican se destacan:
La redefinición del alcance de las áreas protegidas. La ley actual establece una protección amplia tanto para glaciares como para el ambiente periglacial. El nuevo texto plantea que la protección obligatoria se concentre en aquellas formaciones que acrediten una función hídrica relevante como reserva estratégica de agua. Esto implica que no todas las geoformas actualmente alcanzadas por la prohibición quedarían automáticamente bajo el mismo régimen.
Cambia el criterio de prohibición absoluta de actividades. Mientras que la norma vigente impide de manera taxativa actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera en zonas protegidas, la reforma abre la posibilidad de que determinados emprendimientos puedan evaluarse en áreas que no sean consideradas estratégicas desde el punto de vista hídrico, siempre bajo procedimientos de evaluación ambiental.
Otro punto relevante es la reformulación del esquema del Inventario Nacional de Glaciares. Si bien se mantiene la existencia del inventario, se ajusta la forma en que se integra y actualiza, incorporando un rol más activo de las provincias en la identificación y comunicación de cuerpos de hielo y ambientes periglaciales.
Además, la iniciativa introduce una mayor descentralización en la autoridad de aplicación, reforzando el papel de cada jurisdicción en la determinación, control y eventual habilitación de actividades en su territorio.
Con la media sanción ya otorgada en el Senado, el proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se anticipa un tratamiento igualmente intenso y con posiciones marcadamente contrapuestas.
