El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en una sesión marcada por un extenso debate y fuertes cruces políticos. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para completar su recorrido legislativo.
El proyecto plantea modificaciones de fondo en el régimen laboral vigente, con impacto en indemnizaciones, modalidades de contratación, funcionamiento sindical y organización de la jornada de trabajo.
Entre los puntos centrales se encuentra el establecimiento de un tope para las indemnizaciones por despido, calculado sobre un salario mensual por año trabajado, excluyendo conceptos no habituales. También se prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral destinado a auxiliar a empresas que no puedan afrontar el pago de indemnizaciones, financiado con aportes empresariales.
En materia de pymes, se habilita la posibilidad de abonar indemnizaciones en cuotas —hasta 18 en el caso de pequeñas y medianas empresas— mientras que las grandes compañías podrán hacerlo en un plazo menor. Asimismo, se fija un límite a la actualización de créditos laborales en instancias judiciales.
Otro de los ejes es la incorporación de un sistema de “banco de horas”, que permitiría compensar horas extras con días libres u otros beneficios acordados entre las partes. En relación con las vacaciones, se amplía el período en el que podrán tomarse y se habilita su fraccionamiento bajo determinadas condiciones.
El texto también introduce cambios vinculados a los convenios colectivos, permitiendo acuerdos por empresa y limitando la ultraactividad una vez vencidos. En cuanto a los trabajadores de plataformas digitales, se los encuadra como prestadores independientes, aunque con obligación de cobertura de seguros y capacitación por parte de las empresas.
Durante el debate, sectores oficialistas sostuvieron que la reforma busca modernizar un esquema que, según argumentan, desalienta la formalidad y la creación de empleo. Desde la oposición y centrales sindicales, en cambio, se advirtió sobre una posible pérdida de derechos y mayor precarización laboral.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto inicia ahora su discusión en la Cámara de Diputados. Allí podrá ser aprobado en los mismos términos —lo que lo convertiría en ley— o recibir modificaciones, en cuyo caso deberá regresar al Senado para su revisión.
