Un nuevo tema de debate puso el presidente de la nación con su alusión directa a la universidad pública. Si bien su alocución se refirió específicamente al financiamiento educativo –tema no menor– este hecho pone otra vez en el punto de la preocupación pública y del análisis de la población el tema de educación.
Hablamos de educación pública como un derecho que tenemos todos y cada uno de los argentinos que nos permite y garantiza el acceso a los niveles de estudios de nivel inicial, primario y secundario, con gratuidad y calidad.
Pero ahora estamos hablando de las universidades, de los estudios de nivel superior. Y si bien estos no son obligatorios, la universidad gratuita de Argentina es un ejemplo de calidad educativa y de equiparación de oportunidades para toda Latinoamérica. Por eso la preocupación.
En nuestro país hay 115 universidades y en las 63 públicas estudia el 80 por ciento de los 2,5 millones de estudiantes, según los datos oficiales del Departamento de Información Universitaria.
Esto significa, entonces, que es un tema de todos.
La universidad pública en Argentina es el símbolo de la clase media. Es la oportunidad de acceder a estudios de nivel universitario de un gran sector poblacional que ya tiene que hacer un sacrificio económico para sostener a un hijo en otra ciudad para que estudie. Pero la universidad, al ser gratuita (no arancelada), por lo menos garantiza la permanencia en su oferta y le permite a muchos estudiantes poder trabajar mientras lo hace. De manera de –muchas veces– alivianar la carga a los padres. El hecho de no tener que pagar un arancel significa que el estudiante puede tomarse sus tiempos y no estar ahogado por lo que significa pagar una cuota.
En promedio, el costo de la mayoría de las carreras presenciales se ubica en torno a 280 mil pesos mensuales. Asimismo, en la Universidad Católica Argentina (UCA), la cuota de las licenciaturas e ingenierías se ubica entre 141 mil y 575 mil pesos en la sede de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestro mayor orgullo es la Universidad de Buenos Aires. Y no es para menos: es la mayor del país, con 385.048 estudiantes, está entre las 100 mejores del mundo y lidera la lista latinoamericana. En esta universidad estudiaron nuestros cinco premios Nobel y hoy es una garantía de prestigio tener un título de esa casa de estudios. Y no tienen mucho que envidiarle muchas otras, quizás no tan prestigiosas pero si con gran trayectoria como la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Plata.
La universidad en nuestro país ya pasó por dos hechos significativos en el siglo pasado, en 1918 con la Reforma Universitaria, que abrió las puertas de sus claustros al debate con los estudiantes, y la posibilidad de acceder a la cátedra a otros profesores y que no fueran nominados en forma arbitraria. Establecía la autonomía universitaria y el cogobierno tripartito de docentes, estudiantes y graduados.
En 1949 se estableció por ley la gratuidad. Durante los gobiernos dictatoriales, la universidad fue centro de atención, siempre los jóvenes molestaron no solo con sus ideas sino también con sus acciones. Miles fueron perseguidos, muchos pudieron exiliarse y muchos fueron desaparecidos en esta etapa oscura de nuestro país.
De hecho, en la última dictadura militar fue cuando mayor persecución ideológica hubo. Recordaremos también la Noche de los Bastones Largos, cuando en 1966 (luego del derrocamiento del gobierno de Illia por Onganía) un grupo de jóvenes estudiantes, profesores y autoridades universitarias fueron golpeados y encarcelados por reaccionar ante la falta de reconocimiento de la autonomía universitaria y de la figura del rector.
Ya a partir de 1983, con la recuperación de la democracia, las universidades fueron fortaleciéndose, se crearon otras y pese al desfinanciamiento de los años de 1990, época en la que atravesó una crisis financiera por una postura liberal de aquel gobierno, puede decirse que a partir de los 2000 han crecido y la oferta académica se ha expandido.
Todo este repaso para valorar que las universidades son entes autárquicos, tienen autonomía y mecanismos de control y fiscalización. De hecho, más allá de lo que expresa el presidente sobre que no quieren ser auditadas, las auditorías las realizan dos organismos del Estado nacional: la Auditoría General de la Nación (AGN), que es un organismo con rango constitucional que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional, y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.
Aunque vale aclarar que en el caso de la SIGEN, el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que vuelva a funcionar como órgano auditor, función que había sido suspendida en 2022 por un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
Por eso es que la preocupación ya ganó los claustros universitarios. El estudiantado se puso de pie. Y no hay fuerza más poderosa y vital que los jóvenes defendiendo no solo sus derechos sino también su futuro.
Hoy las universidades están tomadas pacíficamente por sus estudiantes. Los profesores están dando clases públicas y movilizándose en las aulas y en las calles. Las autoridades están gestionando reuniones con el poder político. Pero básica y fundamentalmente los jóvenes están levantando y defendiendo las banderas de la educación pública, gratuita y de calidad.
