Este es el texto completo de la nota publicada (los subtítulos son de nuestra redacción):
Tres son los caminos irregulares de la vacunación que, hasta el momento, comienzan a aparecer en la Argentina: acomodo, robo y compra, según surge de múltiples episodios, indicios y testimonios que recolectó La Nación durante los últimos diez días. Con una cifra clave: $50.000 es lo que puede costar inocularse, en las sombras, contra el Covid-19.
A los 79 años, Horacio Verbitsky explicitó, con crudeza, el primero de los caminos irregulares a partir de nueve contagios y una muerte por Covid-19 que se registraron en su familia, según explicó él mismo por radio. Fue cuando relató que decidió vacunarse y llamó a su «viejo amigo», como lo definió a Ginés González García, y recibió la respuesta que esperaba del funcionario. La red de «vacunación vip» que expuso el periodista terminó por provocar la renuncia del ministro de Salud, horas después.
Mercado negro
Esa red abarcó a otros amigos y allegados al poder, que con sus diferencias se reprodujo en varias provincias, mientras aparecen los primeros indicios de un «mercado negro» de vacunas que incluye el robo o la desaparición de ampollas y la compra de dosis por hasta $50.000, según reconstruyó La Nación sobre la base de los testimonios de directores de hospitales, médicos y enfermeros.
El «vacunatorio vip» del ministerio de Salud, por lo pronto, abarcó a amigos y allegados poderosos. Como el líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano (hoy, con 77 años), su esposa, Liliana Zulet (61), y su hijo más joven, de 20 años. Los tres se inocularon gracias a una «gentileza» de González García, según indicaron desde la familia a La Nación. Por el ministerio pasaron, también, el diputado nacional Eduardo Valdés (65 años) y el senador nacional Jorge Taiana (70).
Indicios y sospechas
Por edad, sin embargo, los sistemas de inscripción para inocularse en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires son para mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque integran la segunda «población objetivo», después del personal sanitario y antes de los adultos mayores de 70 o 60 años, según estableció el gobierno nacional. Sin embargo, sin un registro de vacunados que sea de acceso público e irrestricto ni datos oficiales que faciliten la trazabilidad de las vacunas Sputnik V -es decir, dónde estaban, dónde están y cómo circulan por todo el país-, proliferan los indicios y sospechas, con dos zonas de riesgo: cuando las ampollas se descongelan, pero no todos los citados se presentan, y cuando de cada frasquito se exprime al máximo el preciado contenido para extraer dosis adicionales.
Allí entra el acomodo político, y los ejemplos abundan en todo el país. Entre ellos, los del diputado nacional Juan Benedicto Vázquez (54 años) y los intendentes Héctor Vidal (38) y Federico Bodlovic (41), su esposa y su chofer, además de una jueza de paz, todos de la provincia de Santa Cruz, donde todavía no se terminó de inocular al personal de salud.
En Tartagal, provincia de Salta -donde solo se habilitó vacunar a personal de salud-, se inmunizó a una diputada provincial, a dos periodistas y tres dirigentes sociales, en tanto que en Catamarca la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, confirmó que ella y «todos» los intendentes, el gobernador y ministros de la provincia ya fueron vacunados, antes que el personal de salud de los municipios.
Para no perder las dosis
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, Chivilcoy registró cortocircuitos políticos por la vacunación de jóvenes de 18 años, algunos de los cuales estarían vinculados a La Cámpora. Y Henderson concentró dardos por vacunar a militantes y empleados municipales, aunque el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo que solo se inoculó a nueve personas que no integraban grupos de riesgo y que si no las usaban «había que descartar las dosis» descongeladas.
En San Andrés de Giles, el ruido alrededor de la vacunación llegó más lejos. Alcanzó a veinte personas que no integran el personal de salud, incluidas la presidenta del Concejo Deliberante y una concejala, las dos del Frente de Todos. Ambas adujeron que se inocularon porque de otro modo se hubieran perdido las dosis, pidieron disculpas mediante comunicados de prensa y terminaron por renunciar a sus cargos públicos.
Durante las últimas semanas, sin embargo, salieron otros indicios a la luz. Entre ellos, cuando la ensayista Beatriz Sarlo (78 años) afirmó por televisión que “le ofrecieron la vacuna bajo la mesa». Otros tomaron una decisión diferente, según reconstruyó La Nación, que conoce de al menos un hombre de La Plata que habría abonado $50.000 por acceder a la vacuna Sputnik V antes de irse de vacaciones a la costa bonaerense. Con certificado incluido.
¿Cómo sería posible? Una posibilidad surge de una práctica existente en varios puntos del país. Entre ellos, en la provincia de Chaco y, por ejemplo, en un hospital de la ciudad de La Plata donde decidieron maximizar las posibilidades que ofrecen las Sputnik. Como cada frasco contiene un poco más de la dosis prevista, el remanente les permitió a los hospitales chaqueños vacunar a 7.810 personas en vez de a las 7.700 previstas. Pero en ciertos centros ese «plus» va a amigos o clientes.
Los acomodados
El otro foco de riesgo se da, según indicaron los profesionales consultados, bajo reserva estricta de sus nombres, cuando se descongela una determinada cantidad de ampollas pero no se presentan todas las personas citadas. Eso es lo que adujeron que ocurrió en Tartagal, San Andrés de Giles y Henderson. En teoría, debería citarse a quienes figuran en las listas oficiales. Pero no siempre es así. Allí se dan los acomodos o los negocios.
Entre los grandes empresarios de Buenos Aires circuló una opción similar hace unas semanas, aunque no para la vacuna rusa, sino para la de Pfizer, cuyo uso autorizó el Gobierno a fines de diciembre, aunque no llegó a un acuerdo con el laboratorio. ¿Cuánto pedían desde las sombras por inocular esa vacuna? «Un poco menos de lo que cuesta viajar al exterior para dársela allá, además de sacarte de encima los riesgos propios de volar y todo eso», se limitó a responder uno de los empresarios abordados.
A las opciones de los acomodos y las compras de vacunas se suma otra, más brutal: el robo. Así ocurrió en Chubut, donde la Justicia determinó que enfermeros del Hospital Regional V de Comodoro Rivadavia robaron 30 dosis de la Sputnik V para vacunar a referentes locales del sindicato de Camioneros que encabeza el exdiputado Jorge Taboada.
La hipótesis del robo fue confirmada el viernes por la tarde por el equipo de fiscales que investiga el escandaloso robo en esta provincia. En conferencia de prensa, la fiscal Andrea Rubio confirmó el hallazgo de documentación que evidenciaba que miembros vinculados al gremio de Camioneros «recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el pasado 29 de enero y que este viernes 19 iban a recibir la segunda».
