Recientemente, Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires (foto), sugirió la posibilidad de que se explore la idea de una independencia económica del resto del país. Aunque calificó esta hipótesis como improbable, sus declaraciones reabren el debate sobre el federalismo, la coparticipación de recursos y las profundas desigualdades que afectan la relación entre Buenos Ayres y el gobierno nacional.
D’Onofrio destacó que, de ser independiente, Buenos Ayres sería «el PBI más rico de Latinoamérica». Esta afirmación refleja la creciente frustración en la provincia, que genera el 45% de la riqueza nacional pero recibe solo el 22% de la coparticipación.
Este desbalance ha sido un motivo de tensión histórica entre Buenos Ayres y el resto del país, intensificándose en los últimos años, ya que muchos bonaerenses consideran que subsidian a otras regiones con su producción y aportes fiscales sin recibir una contraprestación equitativa.
Sin embargo, cualquier intento separatista se enfrenta a una barrera constitucional insalvable. La secesión de una provincia sería inconstitucional y se consideraría sedición según el art. 22 de la Constitución. Esta establece que la Nación Argentina adopta la forma federal de gobierno, lo que implica que las provincias pierden su soberanía.
La única forma de que Buenos Ayres se separase sería reformando la Constitución para convertirse en un Estado Confederado o solicitando la intervención de otro país, lo que generaría un conflicto internacional, escenarios que no son viables ni deseables. A pesar de su poder económico, Buenos Ayres ha mantenido históricamente una solidaridad con el resto del país; incluso, en 1861, la provincia prefirió la unidad nacional sobre la independencia.
El verdadero debate no radica en una hipotética separación al estilo de Uruguay, sino en la reforma del sistema de coparticipación. Actualmente, Buenos Ayres aporta casi el 40% de los recursos coparticipables, pero solo recibe el 22%, generando un déficit aproximado de 18 puntos. Esto no responde a un acto de generosidad sino a la falta de capacidad de negociación de los gobiernos provinciales, que se han mostrado incapaces de mejorar esta situación.
En este contexto, el gobernador bonaerense tiene la oportunidad de ejercer presión política para renegociar la coparticipación. Una medida drástica, pero legal, sería desadherirse de la Ley de Coparticipación. Aunque este paso podría generar un caos en la gobernabilidad nacional, es una herramienta legal que podría permitir a Buenos Ayres gestionar directamente impuestos como el IVA y Ganancias, reteniendo el 100% de lo recaudado. Esto implicaría un golpe financiero considerable para el resto de las provincias, la caída de la Ley de Coparticipación.
Este debate abre una oportunidad para discutir el federalismo en Argentina y la redistribución de recursos. La inequidad en la coparticipación debe revisarse urgentemente. Buenos Ayres no solo es el motor económico del país, sino también un pilar clave para su estabilidad.
El desafío radica en encontrar un camino de diálogo y consenso entre el gobierno central y la provincia, fuera de todo ideologismo, sin amenazar la unidad nacional ni generar conflictos en la gobernabilidad del país.
Además, Buenos Ayres alberga el padrón electoral más grande del país, cuenta con 70 diputados, pero debería tener 112 en función de su población. Esto significa que la provincia tiene 42 legisladores menos de los que le corresponderían, lo que le da una representación del 27,24% en la Cámara Baja, cuando debería ser del 31,25%. Este déficit legislativo es crucial, ya que una representación adecuada dificultaría al gobierno nacional sancionar leyes que afecten negativamente sus intereses, como una eventual intervención federal.
Los bonaerenses estamos siendo perjudicados por actitudes puramente ideológicas. Contamos con las herramientas necesarias para revertir esta situación; solo falta la voluntad política… y para eso es fundamental sentirnos verdaderamente bonaerenses.
