La economía argentina está atravesando una etapa de transformaciones profundas, con cambios en su estructura productiva y social que la acercan al modelo peruano.
Ese modelo, caracterizado por una fuerte desregulación del mercado laboral, una presencia limitada del Estado en la economía y una alta informalidad, se ha consolidado en Perú como un paradigma de crecimiento macroeconómico con profundas desigualdades sociales.
Liberalización y estructura productiva
Argentina lleva adelante un proceso de desregulación económica similar al experimentado por Perú en la década de 1990. La apertura comercial sin una política de protección industrial efectiva ha llevado a la primarización de su economía, con una mayor dependencia de los sectores extractivos como la minería y la agroindustria.
Este proceso tiende a reducir la participación de la industria manufacturera en el PBI (12,5 %) y a concentrar el crecimiento en sectores con escasa capacidad de generar empleo de calidad.
Un ejemplo concreto de esta tendencia en Argentina es la creciente inversión en el sector minero, con proyectos en litio y cobre que atraen capitales extranjeros pero generan poco valor agregado local. En Perú, esta dinámica ha derivado en conflictos sociales debido a la falta de beneficios tangibles para las comunidades cercanas a las explotaciones mineras. En Argentina, esta situación podría replicarse si no se aplican regulaciones adecuadas para distribuir equitativamente los ingresos generados por la explotación de recursos naturales.
Flexibilización laboral e informalidad
Uno de los rasgos distintivos del modelo peruano es su alta tasa de informalidad laboral, que supera el 70%. La tendencia en Argentina se encamina hacia una situación similar, con una progresiva flexibilización de las condiciones de trabajo y una merma en la protección de los derechos laborales.
Las potenciales reformas en materia de empleo debilitarán la negociación colectiva y facilitarán la tercerización, lo que favorecerá la precarización del mercado laboral.
En Argentina, se han propuesto iniciativas para facilitar el despido y reducir indemnizaciones, lo que debilitaría la estabilidad laboral. En Perú, la alta informalidad ha generado una fuerza laboral desprotegida, sin acceso a seguridad social ni derechos previsionales. Si Argentina avanza en esta dirección sin medidas de contención, el impacto social podría ser severo, especialmente en sectores vulnerables como los jóvenes y los trabajadores rurales.
Retiro del Estado y desigualdad
El modelo peruano se ha caracterizado por una baja intervención estatal en la redistribución de la riqueza y en la regulación del mercado. Argentina ha comenzado a transitar un camino similar con la reducción del gasto público en sectores estratégicos como salud, educación y seguridad social.
La disminución de subsidios y la privatización de servicios públicos agravarán la brecha social y aumentará la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.
Perú tiene uno de los menores niveles de inversión pública en salud de América Hispana (3,4%), lo que ha provocado deficiencias estructurales en su sistema sanitario. En Argentina, el recorte en el presupuesto de salud y educación podría generar un deterioro similar, con impacto en la calidad de vida de la población y en el acceso a servicios esenciales.
El riesgo de consolidar un modelo de exclusión
Si bien el modelo peruano ha mostrado indicadores macroeconómicos positivos en términos de crecimiento del PBI (3,3%) y estabilidad inflacionaria (2,48%), su incapacidad para reducir la pobreza estructural (30%) y la indigencia (10,44%) representa un desafío para Argentina.
La concentración de riqueza en pocos sectores y la ausencia de políticas de inclusión social pueden derivar en una mayor fragmentación social y en un debilitamiento del tejido productivo nacional. Además, de implementarse este modelo no solo crecerá la desigualdad, también la delincuencia infanto-juvenil y la expansión del narcotráfico, agravando las condiciones de inseguridad y descomposición social.
En Perú, el avance del narcotráfico se ha vinculado con la precarización económica y la falta de oportunidades laborales, especialmente en regiones con alta informalidad. En Argentina, la expansión del narcotráfico en zonas vulnerables, como Rosario y el Conurbano bonaerense, muestra señales de un fenómeno similar. Sin un marco de contención social adecuado, el crimen organizado puede consolidarse como una alternativa económica para los sectores excluidos del sistema formal (36,7%).
Alternativas para un desarrollo inclusivo
Para evitar la consolidación de un modelo que exacerbe las desigualdades, Argentina necesita fortalecer su matriz productiva con un enfoque apuntado en la seguridad alimentaria y en el desarrollo industrial y la innovación tecnológica. Es fundamental implementar políticas que promuevan el empleo formal y fortalezcan el mercado interno. Asimismo, el rol del Estado debe ser redefinido para garantizar una regulación efectiva del mercado y asegurar una distribución equitativa de los recursos.
La descentralización administrativa, particularmente en la provincia de Buenos Aires, podría ser clave para fortalecer a los municipios dándoles la tan ansiada autonomía plena (con Cartas Orgánicas) y promover soluciones locales adaptadas a sus realidades específicas, en lugar de esperar las decisiones desde La Plata. En Perú, la falta de descentralización efectiva ha llevado a un desarrollo desigual entre Lima y las provincias, un problema que Argentina podría evitar si impulsa una mayor autonomía municipal.
Es imprescindible implementar políticas activas que fomenten el empleo formal, fortalezcan el mercado interno y aseguren una regulación estatal efectiva que promueva la justicia social. La inversión en educación técnica y en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la producción es clave para evitar la dependencia de sectores extractivos y fortalecer la industria nacional.
Conclusión
El rumbo económico y social que está adoptando Argentina presenta fuertes similitudes con el modelo peruano, lo que plantea desafíos significativos para el desarrollo nacional. Resulta imperativo un debate profundo sobre las implicancias de estas políticas y la necesidad de un modelo alternativo que combine crecimiento económico con justicia social.
El aprendizaje de la experiencia peruana debería servirnos como advertencia para evitar la consolidación de este modelo liberal que, aunque muestre cierta estabilidad macroeconómica, profundizará las desigualdades estructurales y la exclusión social incrementando la espiral de violencia.
