Repasaba la Reforma Universitaria de 1918 y pensaba que hace más de 100 años un grupo de estudiantes, acompañados por algunos profesores, reclamaba una universidad distinta. Reclamaba un acceso con menores restricciones para los y las estudiantes, pero también para los profesores.
Reclamaba autonomía. Reclamaba comisiones dirigenciales mixtas, no solo compuestas por los elegidos oligarcas de turno, sino un centro representativo de todas las voces. La de los estudiantes y la de los profesores. Y así, luego de movilizaciones y discursos memorables (con vigencia aún hoy), se lograba una apertura de la universidad, que debía seguir siendo pública y gratuita.
Hoy, en 2025, volvemos a discutir aspectos relativos a la misma, quizás con los mismos objetivos del inicio del siglo pasado. Parece increíble, pero la crisis de desfinanciamiento que vive hoy la universidad pública, cierra las puertas de miles de jóvenes estudiantes, que no pueden pagar una universidad privada y que −de otro modo− no podrán acceder a los estudios de nivel superior. Una universidad solo para algunos. Como en aquella época fue una universidad para los hijos de las clases acomodadas económicamente, con el poder que les otorga el dinero y la posición social, hoy la universidad pretende ser para las clases neoliberales, que pretenden formar en sus universidades solo dirigentes y empresarios.
Los obreros, las clases medias, las clases trabajadoras, deberán formarse en las escuelas que los preparen para estar eternamente en ese lugar, sin esperanza de ascenso social, sin creer en que la educación empareja para arriba, sin creer en la oportunidad que brinda la escuela pública.
En Argentina el presupuesto universitario no se asigna por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tiene en cuenta varios componentes, como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología. Si ese presupuesto desciende, se recortan todas estas acciones.
De los casi dos millones de estudiantes de universidades públicas nacionales, el 46,8 % pertenece a familias que se encuentran debajo de la línea de pobreza, según el último informe publicado por el INDEC (Instituto de Estadísticas y Censos). La participación de jóvenes de bajos ingresos en el sistema universitario se triplicó en las últimas décadas, pasando del 18 % en 1996 al 42 % en 2023. Estas cifras son muy importantes, porque ubicaron a las universidades como una opción real de mejoramiento educativo y porque le aportaron al país nuevos profesionales, nuevos científicos, nuevos trabajadores que elevaron el rendimiento intelectual y laboral de Argentina.
Los gastos de las universidades se componen en un 90 por ciento en salarios y el 10 restante en gastos de funcionamiento. Y más allá de toda crítica, más allá de la difusión de sospechas, más allá de las acusaciones de corrupción en la administración de los recursos, las universidades son las entidades del sector público más controladas: tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria).
Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto. Por eso hablar de la falta de control del presupuesto por su autonomía es una mentira mal intencionada. Las universidades no pueden recibir las partidas presupuestarias y gastarlas a discreción sin rendir cuenta de las mismas. Hay controles y estos deben brindar un resultado positivo, es decir, deben mostrar que el cálculo de recursos es acertado y que el dinero no se despilfarra en acciones no educativas.
Si hablamos de salarios, más del 85 % de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 por ciento de las y los no docentes se encuentran en la misma situación. Según CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), la pérdida salarial docente es del 25 % desde la asunción del actual gobierno nacional. El poder adquisitivo de los salarios cayó el 40 % en los últimos 16 meses según ADUBA (Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires). Reflexionando también que este no es un hecho aislado. La labor docente no es la única precarizada.
La ley de financiamiento universitario aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría, representa apenas el 0,14 % del PBI (Producto Bruto Interno). Esto equivale a lo que el gobierno dejó de percibir por bajar Bienes Personales, una medida que benefició a sectores sociales de altos recursos. Y la crítica no debería tener este tenor comparativo, pero inevitablemente cuando los recortes afectan a sectores poblacionales, como en este caso directamente a los jóvenes y su futuro, esta comparación cobra valor porque suena, ante todo, injusta.
Deberíamos creer que hay otras opciones, otros planes, otras propuestas, que no pongan el dedo directamente en la escuela pública. Aunque se trate de la universidad.
