Las palabras no son inocentes. Mucho menos cuando provienen de quien ejerce la Presidencia de la Nación.
Las declaraciones de Javier Milei, quien después de señalar públicamente a varios periodistas afirmó que quienes considera sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera», merecen enérgico repudio. No se trata de una simple discusión entre el poder político y la prensa, ni de una cuestión de estilos personales. Se trata de los límites éticos del discurso público, de la responsabilidad de quien gobierna y de los riesgos que la violencia verbal representa para la convivencia democrática.
En una democracia, el periodismo puede equivocarse, debe ser cuestionado cuando corresponde y está obligado a responder por su rigor profesional. Pero ninguna de esas exigencias habilita al Presidente a estigmatizar, intimidar o convertir en enemigos a quienes ejercen la tarea de informar y fiscalizar el poder. Las acusaciones deben sostenerse con pruebas; las controversias, con argumentos; y los desacuerdos, dentro del marco del respeto a los derechos y las instituciones.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas: es un derecho de la sociedad a informarse, a conocer distintas perspectivas y a ejercer su capacidad crítica. Cuando se intenta desacreditar a quienes investigan o cuestionan al poder mediante insultos, amenazas simbólicas y descalificaciones personales, no solo se afecta a los trabajadores de prensa. También se deterioran las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda conocer, debatir y decidir libremente.
Aquí resulta pertinente recuperar algunas de las reflexiones de Michel Foucault acerca de las relaciones entre poder, discurso y verdad. El filósofo francés analizó cómo el poder no se ejerce exclusivamente mediante la fuerza física o las instituciones, sino también a través de discursos que clasifican, legitiman, excluyen y establecen quién puede hablar, qué voces adquieren autoridad y cuáles son desacreditadas.
Desde esta perspectiva, señalar a determinados periodistas, atribuirles intenciones ilegítimas sin presentar pruebas suficientes y ubicarlos en la categoría de enemigos no constituye únicamente una expresión de hostilidad personal. También es una forma de intervenir en el espacio público: se construye una frontera entre quienes son presentados como legítimos y quienes quedan señalados como adversarios merecedores de rechazo.
El problema se agrava cuando ese discurso procede de la máxima autoridad del Estado. No existe una equivalencia entre la palabra de un ciudadano particular y la de un presidente. La investidura presidencial otorga a sus declaraciones una capacidad de difusión, legitimación e influencia que exige una responsabilidad proporcional. Aunque una expresión violenta no constituya necesariamente una orden literal, puede contribuir a naturalizar la agresión, estimular la hostilidad de terceros y generar temor en quienes deberían poder trabajar con independencia.
Quien ejerce el poder tiene una responsabilidad ética mayor, no una licencia para prescindir de ella.
La autoridad democrática no se demuestra mediante la capacidad de humillar al adversario, sino mediante la disposición a aceptar límites, escuchar críticas y responder por los propios actos. Un presidente debe comprender que su palabra compromete algo más que su imagen personal: compromete la confianza pública, la calidad del debate colectivo y el respeto por las instituciones que representa.
La ética profesional de un mandatario exige prudencia, respeto por la dignidad de las personas, honestidad en sus afirmaciones y conciencia de las consecuencias previsibles de sus intervenciones. No significa renunciar a la confrontación política ni evitar las críticas severas. Significa distinguir entre cuestionar una información y perseguir simbólicamente a quien la publica; entre refutar argumentos y deshumanizar a sus autores.
Del mismo modo, defender la libertad de prensa no supone idealizar al periodismo ni eximirlo de sus responsabilidades. Los periodistas deben verificar los hechos, contrastar fuentes, rectificar errores y actuar con independencia. Pero sus posibles faltas deben investigarse y discutirse mediante procedimientos legítimos, no mediante campañas de estigmatización desde el poder.
La democracia no se sostiene sobre la unanimidad ni sobre el silencio de los discrepantes. Se sostiene sobre la pluralidad, el control del poder, la circulación de información y la posibilidad de disentir sin miedo. Cuando la crítica se transforma en una señal de enemistad y el adversario es presentado como alguien que merece ser castigado, se debilita la cultura democrática, incluso cuando las instituciones formales continúan funcionando.
Por eso, frente a estas declaraciones, el silencio no es necesariamente neutral. La defensa de la libertad de expresión y de la integridad de los trabajadores de prensa es una responsabilidad que concierne a toda la sociedad, independientemente de las preferencias partidarias o de las simpatías que despierte un gobierno.
No es necesario coincidir con un periodista para defender su derecho a informar. Tampoco es necesario compartir las ideas de un presidente para reconocer su derecho a expresarlas. Precisamente, la democracia consiste en garantizar esos derechos incluso cuando las opiniones ajenas nos incomodan o nos contradicen.
Pero la libertad de expresión no puede convertirse en una excusa para que quien concentra la mayor autoridad política desconozca la responsabilidad que acompaña a sus palabras.
Las hogueras pertenecen a una historia de persecución y castigo de quienes se apartaban de la verdad impuesta por los poderosos. La democracia, en cambio, exige argumentos, pruebas, justicia y respeto por la diversidad de voces.
No hay libertad política plena cuando se pretende silenciar la crítica. No hay debate democrático saludable cuando el insulto sustituye al argumento. Y no hay ejercicio responsable del poder cuando se olvida que la autoridad pública debe estar al servicio de la ciudadanía, no de la descalificación de quienes la interpelan.
Frente a los discursos que promueven la hostilidad, es necesario defender la palabra, el pensamiento crítico y la libertad de prensa. No por adhesión a un sector político ni por simpatía hacia determinados periodistas, sino por la convicción de que ninguna democracia puede prescindir de voces capaces de preguntar, investigar, cuestionar y exigir explicaciones.
La democracia no necesita hogueras. Necesita libertad, responsabilidad y ciudadanos que no renuncien a pensar.
Comprender el enojo no significa justificar el odio. Tolerar la discrepancia es democrático; tolerar la intimidación desde el poder es renunciar a defender la democracia.
