Hay varios temas de amplio debate en Monte Hermoso que, temporada tras temporada, vuelven a visibilizarse y se transforman en punto de discusión. Uno de ellos es, como ha quedado registrado recientemente en este medio, el de los baños públicos.
Muchos recuerdan la vieja rambla de cemento, que disponía de baños y que fueron derribados cuando se construyó la nueva estructura, con un diseño que prioriza la madera por sobre el cemento. Con esa transformación desaparecieron los sanitarios, sin intención de volver a incorporarlos.
Desde hace algunos años, el gobierno municipal mantiene una visión política clara al respecto y no se ha apartado de ella: el no a los baños públicos en cercanías de la playa. Sin embargo, si hacemos un poco de historia, encontramos que han sido fundamentales para la salud, la dignidad y la inclusión social en cualquier espacio común. Proporcionan higiene esencial a residentes, turistas y trabajadores. Entre los beneficiarios también se encuentran los grupos más vulnerables: personas con situaciones de salud complejas, adultos mayores, personas con discapacidad y niños que muchas veces necesitan un lugar adecuado no solo para evacuar, sino también para el cambio de pañales, como en el caso de los bebés.
Podría afirmarse, entonces, que el baño público es un derecho humano y un reflejo de la calidad e higiene de la infraestructura de una ciudad. Dice mucho sobre ella: así como los monumentos muestran su historia y su cultura, los baños hablan de la preocupación por la higiene, la dignidad, el poder y el sentido común.
No solo representan comodidad; también contribuyen al funcionamiento armonioso de la vida urbana. El ritmo de una ciudad depende de estos servicios para desenvolverse con normalidad.
En el caso de nuestra ciudad, la respuesta ha sido la disponibilidad de baños en los paradores de playa, que permiten su uso mediante el pago de una suma que oscila entre 1.000 y 2.000 pesos. Aquí la queja frecuente se vincula con la higiene y la disponibilidad de agua y papel higiénico. Además, debería considerarse que estos baños no están preparados para un uso tan masivo como el que supone la gran cantidad de personas que permanecen en la playa durante la temporada.
Actualmente, en sentido estricto, los únicos baños públicos con los que cuenta la ciudad, son los instalados en el centro de la Plaza Parque General San Martín, ubicada a escasas cuatro cuadras de la costa. Allí hay sanitarios para hombres y para mujeres, cuidados y limpios, aunque con un diseño antiguo, básico y bastante precario. No son modernos, pero están bien atendidos. La crítica, en este caso, apunta a la distancia: si alguien está apurado —como puede ocurrir con niños o adultos mayores— el trayecto a pie resulta largo. Y si se opta por ir en auto, se trata de una zona con alta demanda de estacionamiento, además medido y pago. También allí aparece una dificultad.
¿Cuáles son las desventajas o problemáticas de los baños públicos?
Requieren mantenimiento continuo y cuidado permanente para que no se conviertan en espacios insalubres. Pueden sufrir daños, robos o vandalismo. Esto implica gastos de reparación y la necesidad de personal que controle y cuide las instalaciones durante los horarios de funcionamiento. Otra cuestión clave es la accesibilidad: deben evitarse barreras para adultos mayores y personas con discapacidad, aspectos que muchas veces no se contemplan adecuadamente.
Asimismo, la distribución es determinante. Si se instalaran en la costa marítima, deberían pensarse cada 400 o 500 metros; si se proyectaran en sectores más periféricos, no solo necesitarían cuidado, sino también una ubicación que no los deje excesivamente distantes entre sí. Su construcción, limpieza y mantenimiento exigen, por lo tanto, un presupuesto constante.
El baño como espacio regulado
En un baño público es necesario que ciertas normas se cumplan para garantizar orden y organización. Pueden estar separados por sexo o incluir opciones no binarias, o ambas. Pueden tener horario de uso. Debe exigirse el cumplimiento de normas de higiene. Suelen exhibir carteles con prohibiciones, como no arrojar papeles o apósitos. En algunos casos, se requiere vigilancia o presencia policial.
El baño público no es un espacio totalmente libre: es un espacio administrado. Allí el espacio entra en la esfera de lo social. Desde pequeños aprendemos que determinadas funciones corporales deben ocultarse; la familia nos educa para controlar el cuerpo y evitar comportamientos considerados socialmente inadecuados.
En términos de Michel Foucault, las instituciones modernas disciplinan los cuerpos, no solo en cárceles o escuelas, sino también en los espacios cotidianos. El baño público es un ejemplo claro: un lugar donde la sociedad permite lo biológico, pero bajo condiciones estrictas. Allí aparece la dimensión moral: marcar reglas y exigir su cumplimiento —no ensuciar, no demorarse en exceso, no realizar conductas indebidas, no utilizar el espacio para fines ajenos a su función—. El estigma moral encuadra el comportamiento, porque el cuerpo debe ajustarse a normas.
El baño debería ser un espacio básico de igualdad, porque todos tenemos cuerpo.
Si lo pensamos filosóficamente, el baño público es un espacio curioso: es íntimo, pero colectivo; es privado, pero estatal o comunitario; es biológico, pero político. Habla de cómo una sociedad gestiona lo más elemental del cuerpo. En términos foucaultianos, es también un espacio regulado: horarios, normas, separación por género, control y vigilancia. Incluso allí se manifiesta el orden social.
Una ciudad que cuida sus baños públicos suele cuidar también la dignidad de quienes la habitan.
Por eso, la ausencia de baños públicos en Monte Hermoso no es solo una definición política. Es un asunto que descuida el análisis social y filosófico, que omite la dimensión de los derechos y que deja de lado la obligación del municipio de velar por el bienestar general y atender el termómetro social.
Paradójicamente, el baño debería ser el espacio más democrático: no distingue clase social, ideología ni poder. Todos necesitamos ingresar. Y, sin embargo, incluso allí el poder puede decidir quién merece privacidad, higiene y seguridad, y quién no.
Eso es lo que ocurre cuando esta problemática no se aborda. En términos democráticos, en Monte Hermoso se trata de un derecho que hoy nadie tiene garantizado.
