«Una ley laboral no puede suplir la ausencia de un proyecto nacional»
La reforma laboral aprobada por el Senado argentino es, ante todo, un síntoma de un país que discute herramientas del S.XX para problemas del S.XXI, mientras el mundo avanza a una velocidad que no podemos ignorar.
El diagnóstico oficial -supongamos- es correcto: el mercado laboral argentino está roto, la informalidad es altísima, el empleo privado formal lleva más de quince años estancado, los juicios laborales se multiplican, no llegan inversores y los salarios pierden mes a mes contra la inflación.
Pero de allí a sostener que flexibilizar despidos, ampliar jornadas o desconocer derechos resolverá la informalidad y los costos laborales, no hay nada que lo garantice. Tomar como ejemplo los casos de Italia (2015) o Brasil (2017) resulta además poco válido, ya que esos procesos se dieron en un contexto tecnológico completamente distinto, previo a la irrupción de la IA generativa.
En la Argentina, el problema de fondo no es jurídico: es estructural. Y es político.
Esta reforma mira al pasado. Llega tarde para un mundo que ya está cambiando. No regula las plataformas digitales donde trabajan millones de argentinos sin derechos. No prevé el impacto de la inteligencia artificial, ni la necesidad de formación continua frente a oficios que desaparecen. No contempla los trabajos híbridos ni articula la política laboral con la política industrial, educativa o energética. Es una ley pensada para la fábrica de los años noventa, no para el siglo XXI.
Lo que necesitamos es un proyecto de país. Definir prioridades y sostenerlas en el tiempo:
- Si somos agroexportadores: invertir en agregar valor a la soja, tecnificar el campo y conectar regiones con los puertos..
- Si somos mineros: desarrollar Vaca Muerta, el litio y el cobre con reglas claras y un Estado que garantice que la riqueza quede en el país.
- Si apostamos a las energías renovables: aprovechar el viento del sur, el sol del norte y la biomasa del centro, reduciendo importaciones.
- Si somos un país de software y turismo: formar a nuestra gente, garantizar conectividad de calidad y promover lo que hacemos bien.
Pero no podemos ser todo a la vez sin prioridades.Y no podemos ser nada si cada cuatro años cambiamos de rumbo, de gobierno y de políticas. Eso es lo que genera imprevisibilidad.
El corazón del problema nacional se llama Buenos Ayres. La provincia concentra cerca del 40 % de la población, gran parte de la industria, los servicios y la política, casi todo en el AMBA. Mientras tanto, el interior se vacía. Los pueblos se mueren. La gente emigra al conurbano porque no hay otra opción. Y el conurbano explota: sin trabajo digno, sin infraestructura, sin futuro.
El acuífero pampeano y el medio ambiente ya están comprometidos como para seguir concentrando industrias y empresas sin planificación. Caos y crisis. Esta matriz productiva y económica no se cambia con una ley que baja indemnizaciones. Se cambia con decisión política: descentralizar, invertir en rutas, escuelas técnicas, conectividad y crédito para las economías regionales.
Para generar puestos de trabajo reales, primero debemos definir qué país queremos y qué provincia deseamos. Tenemos más de 600 pueblos bonaerenses en proceso de despoblamiento que podrían desarrollar granjas familiares, sistemas de acuaponía para producir alimentos en zonas áridas, cooperativas de energía renovable para abastecer comunidades sin acceso a la red, emprendimientos de software y servicios digitales. No son fantasías: son realidades posibles.
Lo que falta es que el gobierno desarrolle un plan y un proyecto político que acompañe, con crédito, asistencia técnica y políticas de largo plazo, una nueva matriz productiva… y una Ley de Trabajo provincial pensada para el S.XXI.
La reforma laboral nacional no va en esa dirección. Mira hacia el pasado. Es, en el mejor de los casos, una reforma pensada para que los sectores concentrados -mineras, energéticas, campo- ajusten sus costos laborales, mientras el resto del país continúa empobreciéndose.
El pleno empleo es posible. Pero no se logra flexibilizando derechos. Se logra con un proyecto de país que articule producción, educación, infraestructura y desarrollo regional. Con dirigentes políticos y sindicales que piensen en la próxima generación y no en la próxima elección.
Mientras tanto, esta ley pasará. Se aplicará. Algunos la festejarán. Otros la sufrirán.
Y el país seguirá sin responder la única pregunta que importa: ¿Qué país queremos?
