El campo bonaerense, históricamente el motor productivo de la provincia y del país, continúa siendo relegado en las políticas públicas de los gobiernos de turno. Mientras el foco gubernamental se ha mantenido en el conurbano, el sector agropecuario enfrenta serias dificultades que limitan su potencial y afectan el desarrollo de toda la provincia de Buenos Aires. A pesar de esto, el agro bonaerense sigue siendo un pilar fundamental de la economía argentina, aportando el 30% del PBI agropecuario nacional y desempeñando un rol clave en la generación de empleo y riqueza.
Buenos Aires, como provincia, contribuye con aproximadamente el 40% del PBI nacional, y el campo representa el 14,4% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial. Estos números reflejan la importancia estratégica del sector, no solo para la provincia, sino para toda la economía argentina.
La agroindustria en su conjunto es responsable de 4,1 millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 23% del empleo privado en el país. Según un informe reciente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA, 2024), la distribución de estos empleos se divide en:
– 31% lo generan las cadenas de granos y forrajeras.
– 29% corresponde a las economías regionales.
– 24% se concentra en las cadenas de carnes y lácteos.
– 2% proviene de los bienes de capital.
– El 14% restante se distribuye entre servicios conexos y otras actividades.
Además, el informe de FADA destaca que la producción primaria es el mayor generador de empleo dentro del sector, con un 33% del total. Le siguen la comercialización (26%), la industria (22%) y las cadenas proveedoras de bienes y servicios, como insumos, bienes de capital, servicios conexos, transporte y logística (19%). Estos datos confirman que más agroindustria implica más producción y, en consecuencia, más empleo.
Producción sin infraestructura ni incentivos
La falta de inversión en infraestructura rural es una de las principales problemáticas que enfrenta el sector. Según un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en todos los distritos bonaerenses el 21% de los caminos rurales está en mal estado, un 37% en estado regular, el 11% en estado bueno y el 31% en muy buen estado, lo que dificulta el traslado de la producción hacia los centros de distribución y exportación.
En la provincia de Buenos Aires hay unos 106.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales 85.000 kilómetros están a cargo de las intendencias. Solo 25.600 kilómetros son caminos provinciales. También algunas rutas provinciales de tierra fueron cedidas a los intendentes en el gobierno de Felipe Solá, con la promulgación de la Ley 13.010.
Esta normativa tiene previsto que el 12% del impuesto Inmobiliario Rural vaya en forma directa a los intendentes para el mantenimiento de estos caminos provinciales, más otro porcentaje igual de libre disponibilidad, que en muchos casos no es utilizado para caminos rurales.
Por otro lado, la conectividad del sector agroindustrial es muy baja. De acuerdo con una encuesta realizada por Cambio Rural, el 45,2% de los productores no posee internet. Esta situación imposibilita el acceso a herramientas de comunicación, lo que dificulta la oportunidad para atender temas de suma importancia socioeconómica que van desde la educación y la salud hasta la producción y la inclusión financiera.
Además, un 36% solo tiene acceso a internet a través de la telefonía móvil, tecnología que se ejecuta en redes celulares 3G y 4G, suficientes para permitir casos de uso más simples, como el monitoreo de los cultivos y el ganado. Solo el 17,8% tiene internet exclusivamente en los cascos de sus establecimientos.
A esta carencia estructural se suman los elevados impuestos que afligen a los productores. Las retenciones a las exportaciones, que en algunos casos superan el 33%, junto con las cargas impositivas provinciales y tasas municipales excesivas, afectan la rentabilidad del sector. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los costos impositivos representan hasta el 64,5% de la renta agrícola en algunos partidos de la provincia, desalentando la inversión y la expansión productiva.
Evasión fiscal y trabajo informal
La evasión fiscal en Argentina equivale al 4,4% de su PBI. La falta de incentivos y el alto costo impositivo han generado un crecimiento alarmante de la evasión fiscal y el trabajo informal. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía informal en el sector agropecuario bonaerense ronda el 35%, lo que impacta negativamente en la recaudación y en la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector.
La escasa presencia del Estado en estas regiones favorece la proliferación de circuitos informales de producción y comercialización. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) en 2024 detectó 700 silos sin declarar al fisco, que representaban 600.000 metros cuadrados sin pagar impuestos y con una capacidad de acopio de casi 500 mil toneladas de maíz en campos bonaerenses de alta valuación fiscal. También se detectaron 35 criaderos de aves de corral, cámaras frigoríficas, tanques de aceite, pavimentos y otras mejoras que los propietarios nunca habían informado.
Rol de los municipios y necesidad de gestión intermunicipal
Frente a la ausencia de políticas provinciales efectivas, los municipios podrían desempeñar un papel clave en la supervisión y promoción del desarrollo rural. La implementación de estrategias intermunicipales permitiría un control más eficiente de la evasión fiscal, la regulación del trabajo rural y el fomento de proyectos productivos sostenibles.
Según un informe de la Red de Municipios Rurales de Buenos Aires, solo el 15% de los municipios bonaerenses cuenta con programas específicos para el desarrollo agropecuario. Para revertir esta situación, es fundamental otorgar mayor autonomía a los municipios en la gestión de sus recursos y en la fiscalización de la actividad agropecuaria. Un esquema de cooperación intermunicipal facilitaría la creación de redes de control y asistencia, asegurando una gestión más equitativa y eficiente del sector rural bonaerense.
Conclusión
El campo bonaerense sigue siendo una pieza clave para la economía nacional, pero su potencial continúa siendo desperdiciado por la falta de políticas públicas adecuadas. Sin infraestructura, sin incentivos y con un sistema impositivo retardatario, la producción se ve restringida, afectando el desarrollo de toda la provincia. La evasión fiscal y la informalidad laboral son consecuencias directas de esta desatención, reforzando la necesidad de una mayor presencia del Estado a nivel local.
Los municipios, a través de una gestión descentralizada e intermunicipal, podrían convertirse en actores fundamentales para revertir esta situación. Una mayor autonomía en la gestión de los recursos y en la supervisión del sector agropecuario permitiría combatir la evasión, impulsar el desarrollo productivo y fortalecer la economía bonaerense en su conjunto.
