La Federación Argentina de Industria Molinera (FAIM) viene denunciando la alta informalidad en la cadena de trigo y de la harina, como un gravísimo problema fiscal y social.
Se ha revelado que más del 13% de la producción de harina y afrechillo en Argentina se comercializa de manera informal, generando una evasión tributaria superior a los 269.000 millones de pesos. Este problema no solo afecta la recaudación fiscal sino que también genera distorsiones en el mercado y precarización laboral.
Una industria marcada por la informalidad
Durante 2024, la industria molinera procesó 6,24 millones de toneladas de trigo pan, un 0,44% menos que el año anterior. Este volumen representó el 39,4% de la producción total de trigo en la campaña 2023-2024, con una producción de 4,68 millones de toneladas de harina y 1,56 millones de toneladas de afrechillo.
La FAIM ha denunciado que cerca de un millón de toneladas de trigo ingresan a la industria sin ser declaradas, facilitando un circuito paralelo de comercialización informal. Esta práctica erosiona la competitividad de los actores formales y agrava la evasión fiscal.
Impacto económico y fiscal
El valor del trigo comercializado en negro se estima en 199.400 millones de pesos, mientras que la harina y el afrechillo producidos alcanzan un valor de 285 mil y 34,75 mil millones de pesos, respectivamente. La evasión impositiva en la primera etapa de industrialización asciende a 28,4 mil millones de pesos, afectando a los siguientes tributos:
a) Impuesto a las Ganancias: 10,35 mil millones de pesos (36,4%).
b) Ingresos Brutos: 6,29 mil millones de pesos, con la molinería representando el 76%.
c) IVA: 5,6 mil millones de pesos, con un 76,2% proveniente de la etapa industrial.
d) Débitos y Créditos Bancarios: 6,23 mil millones de pesos, con un 61,6% generado en la molinería.
La segunda industrialización: el eslabón más comprometido
El problema no se detiene en la molinería. El 83% de la harina informal se destina a panificados y el 17% a pastas, con una evasión de 240,5 mil millones de pesos:
a) IVA: 102,96 mil millones de pesos (41,3%).
b) Impuesto a las Ganancias: 68,93 mil millones de pesos (27,7%).
c) Débitos y Créditos Bancarios: 30,51 mil millones de pesos (13,8%).
c) Ingresos Brutos: 38,13 mil millones de pesos (17,2%).
El costo social de la informalidad
Más allá del impacto fiscal, la informalidad afecta a los trabajadores al impedir su acceso a aportes previsionales y cobertura médica. Además, los recursos no recaudados podrían destinarse a políticas sociales esenciales. Por ejemplo, con la recaudación perdida se podrían financiar:
a) 282.400 Tarjetas Alimentar para familias con dos hijos durante un año.
b) 238.400 Asignaciones Universales por Hijo (AUH).
En la provincia de Buenos Aires, la evasión en Ingresos Brutos equivale a:
a) El pago de 50.600 residentes médicos de primer año.
b) El salario de 76.130 docentes de grado.
La falta de compromiso de los organismos de control
La evasión en la cadena del trigo y la harina no solo es producto de la informalidad empresarial sino también de la inacción de los organismos de control en todos los niveles del Estado. La falta de supervisión adecuada por parte de las administraciones municipales, el desinterés de las provincias y la escasa intervención del gobierno nacional han permitido que esta problemática se profundice.
Los municipios, que deberían fiscalizar el comercio local, muchas veces carecen de recursos o voluntad para enfrentar la evasión. En el orden provincial la falta de políticas activas y de coordinación con las autoridades nacionales impide una acción eficaz contra el mercado informal. Por su parte, el Estado nacional, pese a contar con organismos como ARCA y la UIF, ha mostrado una capacidad limitada para intervenir con eficiencia en este sector.
Sin un compromiso real y articulado de todos los niveles del Estado, la lucha contra la informalidad seguirá siendo una declaración de intenciones sin efectos concretos.
Una herramienta tecnológica para combatir la evasión
La informalidad en la cadena de trigo y harina es un problema que podría combatirse con un enfoque tecnológico. La implementación de inteligencia artificial (IA) en la administración pública permitiría:
a) Auditorías automatizadas: detectar inconsistencias en la comercialización de trigo y harina en tiempo real.
b) Optimización de la fiscalización: identificar patrones de evasión tributaria con mayor precisión.
c) Reducción de la burocracia: agilizar trámites administrativos y evitar la manipulación de información fiscal.
Conclusión
Para FAIM, combatir la evasión en este sector es fundamental para garantizar condiciones equitativas para los actores formales, proteger los puestos de trabajo y fortalecer las finanzas públicas. La solución requiere un enfoque de conjunto que incluya mayor fiscalización, incentivos para la formalización y el uso de herramientas tecnológicas como la IA para una gestión más eficiente y transparente. Sin la voluntad política de los gobiernos municipales, provinciales y nacional y sin una acción decidida de los organismos de control, la evasión seguirá socavando la economía y el bienestar social.
Fuente, Gabriel Quaizel, en Noticiasagropecuarias.com
