En pleno S.XXI más de 13,3 millones de bonaerenses –el 37 % del electorado nacional– siguen votando bajo un sistema electoral concebido para una provincia que en 1946 apenas superaba los 4,6 millones de habitantes. Esta estructura normativa, heredada de la Ley 5109 (modificatoria de la Ley 4536 de 1936), se ha convertido en un engranaje anacrónico que reproduce desigualdades representativas, genera distorsión política y expone una evidente inconstitucionalidad manifiesta.
La constitución que rige en la provincia de Buenos Aires data del año 1934, fue elaborada durante el gobierno del conservador Manuel Fresco bajo la presidencia del Gral. Agustín P. Justo. Su raíz está en la constitución de 1889 y apenas fue maquillada con modificaciones superficiales en 1994. Es, en los hechos, una arquitectura jurídica pensada para otra provincia, otra realidad, y otro país.
La Ley Electoral 5109 establece ocho secciones electorales que eligen un número fijo de diputados y senadores, sin importar cuántos habitantes haya en cada una. El resultado: una grave distorsión de la representación, donde hay votos que valen el doble –o más– que otros.
Veamos un caso concreto: la cuarta sección electoral, con 540.354 electores en 19 municipios (como Rivadavia, Junín, 9 de Julio o Trenque Lauquen), elige 14 diputados y 7 senadores. En cambio, la quinta sección, con 1.290.948 electores en 27 municipios (como Mar del Plata, Tandil o Necochea), apenas elige 11 diputados y 6 senadores.
Así, un voto en la cuarta vale más del doble que uno en la quinta, y esto, al igual que ocurre con otras secciones, viola el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 60 de la constitución bonaerense y en los artículos 109 y siguientes de la propia Ley 5109.
La desproporción se agudiza cuando analizamos la tercera sección electoral, donde se concentra casi un tercio del electorado bonaerense (La Matanza, Avellaneda, Lanús, Ezeiza, Quilmes, entre otros), tiene 4.637.863 electores pero elige solo 18 diputados y 9 senadores. Si se respetara el criterio proporcional, le corresponderían 32 diputados y 16 senadores. En resumen, le faltan 14 diputados y 7 senadores.
Lo mismo ocurre con la primera sección, que también sufre una sub representación severa. Y del otro lado, la cuarta y la quinta están sobrerrepresentadas, con bancas de más que no se justifican en términos poblacionales.
Este esquema fue diseñado en su momento con una lógica ruralista y territorial, pero en un contexto donde la pampa húmeda era el corazón político y económico del país. Hoy, más del 70 % del electorado bonaerense se concentra en estas dos secciones electorales y en La Plata, que juntos ocupan menos del 8 % del territorio provincial, con una representación legislativa menor a la que les correspondería por cantidad de habitantes. Es decir, de actualizarse el 92 % de la provincia no tendría ningún peso en la legislatura.
Si hoy se corrigiera esta distorsión y se actualizara el reparto de bancas según el principio de «un ciudadano, un voto», la primera, la tercera y la octava sección (La Plata) deberían tener 69 diputados (de los 92) y 35 senadores (de los 46). El resto de la provincia quedaría con 23 diputados y 11 senadores. Una distribución más justa desde la perspectiva democrática pero sin duda más conflictiva desde la lógica de los intereses territoriales y de poder.
Y aquí surge el nudo político: los legisladores que podrían corregir esta distorsión son los mismos que se benefician de ella.
En los últimos años, he enviado múltiples propuestas, análisis y planteos a diputados y senadores de diversas fuerzas para reformar esta distorsión. Ninguno respondió. Pero lo más insólito −y doloroso− es que los legisladores de las secciones sub representadas tampoco quieren discutir el tema. El miedo a «romper la lógica interna de los acuerdos» pesa más que la voluntad de representar a sus votantes.
Mientras esto siga así, los municipios más relegados −sobre todo los agro ganaderos, que no tienen peso en las grandes decisiones estructurales de la provincia− seguirán sin respuestas a sus problemáticas específicas. No se trata de pelear campo contra ciudad, sino de lograr una representación real, equilibrada y democrática, donde las decisiones se tomen en base a la voluntad popular y no por el peso político histórico de una elite territorial.
