Los números de la elección en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre son contundentes: más de la mitad del padrón (56 %) rechazó el sistema político vigente, ya sea a través de la abstención o del voto en blanco o anulado. Este dato no puede reducirse a la clásica lectura de apatía ciudadana; expresa una crisis de representación estructural, una fractura entre el pueblo bonaerense y la dirigencia política.
Aun con la socialdemócrata Fuerza Patria alcanzando el 47,28 % de los votos positivos (equivalente al 26,59 % del padrón total) y La Libertad Avanza con un 33,71 % (apenas el 18,98 % real), ningún liderazgo político logra constituirse como mayoría efectiva frente al rechazo masivo.
Lo que emerge no es una disputa de nombres sino una crisis de representación profunda. Lo que se observa es que la provincia de Buenos Aires no está discutiendo solamente nombres o candidaturas, sino la propia organización política de su territorio.
El centralismo metropolitano −concentrado en el conurbano y en los despachos platenses− continúa asfixiando la posibilidad de un esquema federal interno. La provincia, con sus 135 municipios, funciona más como un archipiélago mal conectado que como una comunidad política articulada y organizada.
Esa fragmentación se traduce en desigualdades productivas, sociales y culturales que ningún gobierno logra resolver porque la organización institucional bonaerense quedó anclada en un modelo obsoleto como retardatario.
El dato del rechazo es también un pedido de descentralización política y administrativa. El bonaerense no confía en que las decisiones tomadas desde el eje La Plata-AMBA resuelvan los problemas del interior profundo. La falta de autonomía municipal, de reformas tributarias, el olvido y la desidia, la ausencia de regiones productivas y la distancia entre representación y ciudadanía alimentan esa desafección.
Reconstituir el vínculo entre política y comunidad requiere un nuevo pacto bonaerense, que descentralice recursos, competencias y planificación. No es solo un cambio de leyes electorales o de intendentes: se trata de refundar la provincia como un espacio político vital, con sus pueblos y regiones organizados.
En este marco, la próxima administración socialdemócrata, encabezada posiblemente por Gabriel Katopodis o Carlos Bianco, ya ha dado claras señales de rechazo a una organización bonaerense descentralizada. Ambos se encolumnan en un modelo que preserva el control del AMBA y de las grandes estructuras partidarias, cerrando la posibilidad de avanzar hacia un esquema de poder distribuido. Esa posición refleja el temor de una clase dirigente que sabe que un bonaerensismo organizado pondría en jaque al actual reparto de poder.
En definitiva, el resultado electoral plantea una disyuntiva:
- a) Persistir en un modelo de administración centralizada y decadente, donde se impone la lógica del rechazo y la desafección ciudadana;
- b) Avanzar hacia un nuevo esquema político bonaerense, con descentralización real, regionalización productiva, autonomía municipal y un sistema representativo que refleje las diversidades de la provincia.
El pueblo bonaerense habló con fuerza: no alcanza con ganar elecciones, hay que construir comunidad política. La dirigencia que no comprenda este mandato quedará atrapada en el mismo rechazo que hoy erosiona a todo el sistema.
