La función pública no debería entenderse únicamente como un cargo, sino como un compromiso de servicio hacia el bien común. Según la Doctrina Social de la Iglesia, quienes ocupan cargos de autoridad tienen el deber de actuar con justicia, honestidad y transparencia, recordando que representan a la comunidad.
En su encíclica Centesimus Annu, Juan Pablo II destaca la importancia de que las instituciones políticas se fundamenten en la verdad y la justicia, afirmando que «el Estado debe realizar una gestión recta de los recursos públicos». En el contexto bonaerense, este llamado es particularmente relevante, pues se espera que los representantes sean modelos de ética y estén guiados por valores morales sólidos, honrando así su rol de servidores públicos.
La Constitución bonaerense, en su art. 3, aborda la problemática de la corrupción en la función pública, declarando que estos actos «agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional». Se prevé la creación de un Tribunal de Responsabilidad Política encargado de examinar y sancionar los actos de corrupción que cometan funcionarios de los poderes públicos, tanto provinciales como municipales. Sin embargo, este proyecto aún no ha sido tratado en la legislatura, dejando un vacío significativo en la fiscalización ética de los servidores públicos.
La creación de este tribunal busca justamente cerrar esa brecha, proporcionando un mecanismo efectivo para que los funcionarios rindan cuentas de sus actos. Al fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad, se contribuiría a combatir la corrupción, protegiendo los derechos de los bonaerenses y promoviendo la confianza en las instituciones democráticas.
La Iglesia, en su mensaje sobre la corrupción, señala que este mal es un grave pecado porque prioriza los intereses personales sobre el bienestar colectivo. En Caritas in Veritate, Benedicto XVI recuerda que «la política debe ser una manifestación de caridad y justicia», y que todo acto de gobierno debería orientarse hacia la solidaridad y al respeto por la dignidad humana.
El derecho de los bonaerenses a exigir integridad a sus representantes no es solo una aspiración legítima, sino un imperativo moral que demanda acción. La instauración de un sistema de rendición de cuentas no solo fortalece las instituciones democráticas, sino que protege la dignidad humana.
Al respecto, el Papa Francisco advierte en Evangelii Gaudium que «la corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta» responden al afán de poder y de riqueza sin límites, generando una brecha cada vez mayor entre quienes gobiernan y la comunidad que representan.
En Laudato Si’, Francisco subraya la urgencia de recuperar valores fundamentales como la bondad, la honestidad y la ética, los cuales han sido relegados, provocando una degradación social que obstaculiza la creación de una verdadera cultura del cuidado y el respeto mutuo.
La ética en la función pública no solo responde a una exigencia legal sino a una necesidad moral y espiritual que recuerda a los gobernantes su responsabilidad hacia el bien común. El compromiso de los funcionarios de actuar con integridad y transparencia no solo construye una comunidad más justa, sino que preserva la confianza en las instituciones, un pilar esencial de la democracia.
Es momento de que los legisladores bonaerenses respondan al llamado moral y constitucional de establecer el Tribunal de Responsabilidad Política. Esta institución no solo representa un mecanismo de control sino también una herramienta esencial para restaurar la confianza de los bonaerenses en las instituciones y fortalecer nuestra democracia.
La creación de este tribunal es urgente y necesaria para combatir la corrupción y asegurar que los actos de gobierno estén orientados al servicio del bien común. Que cada representante asuma la responsabilidad de proteger la dignidad de sus representados, promoviendo una política basada en la ética, la justicia y la transparencia.
