El intendente Diego Valenzuela, del Partido de Tres de Febrero y aliado de la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich, promueve la unicameralidad en la provincia de Buenos Aires. Sostiene que la provincia debería cerrar una de las cámaras legislativas y reducir la representación a entre 70 y 80 legisladores, lo que, según sus cálculos, ahorraría unos 180.000 millones de pesos anuales.
Como ejemplo cita el caso de la provincia de Córdoba, que, con apenas 80 mil habitantes más que la Capital Federal, sostiene un sistema unicameral. Sin embargo, este razonamiento ignora por completo la realidad bonaerense, con sus casi 18 millones de habitantes y una complejidad demográfica, social y económica incomparable.
Se han presentado dos proyectos de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo de modificar el sistema legislativo provincial y pasar a la unicameralidad. Uno de ellos fue impulsado por el marplatense Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical, y el otro por Marcelo Daletto, aliado de Emilio Monzó. Sin embargo, no han logrado que los legisladores se pongan de acuerdo y generen las mayorías necesarias para que esta propuesta avance.
La realidad es que esta dirigencia política no comprende ni entiende a la provincia de Buenos Ayres. En el área del Conurbano se concentra el 67% de los votos bonaerenses. Las secciones Primera, Tercera y Octava (La Plata) concentran alrededor del 55% de senadores y de diputados provinciales. Por lo tanto, bajo un sistema unicameral más del 92% de la geografía bonaerense permanecería sin voz ni voto.
La legislatura quedaría mayoritariamente en manos del Conurbano, una región cuya historia demuestra que gobierna de espaldas al interior productivo de la provincia. Esto implicaría más atraso, más empobrecimiento y una profundización de las asimetrías existentes.
Si Valenzuela, Abad y Daletto insisten en suprimir una cámara, estarán cometiendo un daño irreparable a los bonaerenses. Lo que verdaderamente deben hacer es cumplir con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución provincial: crear el Tribunal de Responsabilidad Política, reorganizar la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas para que investiguen la corrupción política bonaerense, y, sobre todo, que los legisladores trabajen.
En 2003, la legislatura bonaerense apenas sesionó un puñado de veces. En 2024 las reuniones han sido igualmente escasas. Siguen atrapados en un letargo institucional que parece haberse convertido en norma. Más de 120 leyes que debieron aprobarse desde 1983 siguen acumulando polvo en los cajones. El problema no radica en la cantidad de legisladores ni en el costo que representan, sino en la inacción, la indiferencia y la falta de compromiso de quienes ocupan esas bancas.
¿De qué sirve tener 80 legisladores si no hacen nada? Además, ese supuesto ahorro económico que tanto defienden estos proyectos terminará seguramente siendo absorbido por la corrupción estructural.
La mejor opción para la provincia no es la unicameralidad, sino la reforma de la vetusta Ley Electoral de 1935. Es necesario dividir a la provincia en 16 secciones electorales, con tres senadores por sección (un total de 48) y una representación más equilibrada de diputados (96 en total). De esta manera, las regiones centro y sur de la provincia tendrían una representación adecuada, sus necesidades serían verdaderamente legisladas y se impulsaría un desarrollo equilibrado.
Este camino permitiría que los pueblos del interior bonaerense no expulsen habitantes sino que los atraigan. Se recuperarían comunidades productivas, con oportunidades y desarrollo económico, y se reduciría la presión sobre el Conurbano.
Pero claro, este camino requiere comprensión, voluntad política y, sobre todo, amor por la provincia de Buenos Ayres y su pueblo. Lamentablemente, parece que a muchos no les da la cabeza, o simplemente no la ven.
