La Cámara Federal marplatense se expidió sobre la medida cautelar interpuesta por organizaciones ambientalistas y rehabilitó la continuidad de los trabajos de exploración hidrocarburífera en la costa bonaerense.
La Secretaría de Energía, que conduce Flavia Royón, se encargó de difundir la decisión judicial a través de Twitter, remarcando que «la producción offshore presenta una gran oportunidad para el desarrollo económico de nuestro país».
Al mismo tiempo prometió que «desde el gobierno nacional controlaremos y exigiremos que la actividad se desarrolle cumpliendo los máximos estándares de seguridad con el objetivo de cuidar nuestro ambiente».
El fallo, firmado por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, determina en el ítem tres: “Dejar sin efecto la medida cautelar y autorizar en consecuencia la continuidad de las actividades de prospección que involucran al presente proyecto en los términos dispuestos por esta sentencia”.
Requisitos del fallo
Sin embargo, en el inicio del dictamen señalan que “se revoca parcialmente la sentencia recurrida en cuanto consideró incumplidos” ciertos recaudos.
Los requisitos se explican en el ítem cuatro: establece que deberán incluirse, como “observadores permanentes”, a miembros del equipo “Pampa Azul”, que deberá velar por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca, y por la tutela del “Agujero Azul”, así como denunciar a las autoridades administrativas y judiciales actuantes cualquier acontecimiento que afecte sensiblemente al ambiente, para propiciar la inmediata suspensión de las actividades.
El Agujero Azul es una franja que se encuentra a unas 200 millas de la costa argentina, fuera de la zona económica exclusiva argentina, en aguas internacionales, pero donde Argentina tiene jurisdicción exclusiva sobre el fondo marino, por la extensión de la plataforma continental que le fue concedida a nuestro país por la Organización de Naciones Unidas en 2016. En julio pasado la Cámara de Diputados lo validó con la media sanción de la Ley de Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul.
Otra de las condiciones impuesta por los camaristas fue que las actividades de prospección sísmica no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a cincuenta 50 kilómetros del sector que comprende la zona denominada “Agujero Azul”.
Ese sector alcanza una superficie de 164.000 kilómetros cuadrados linderos a la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación. Los objetivos principales del proyecto de ley sancionado son proteger la biodiversidad marina, fomentar la investigación científica y defender los intereses argentinos sobre el mar.
Por último, los jueces exigieron que las actividades propias del proyecto offshore deberán “suspenderse inmediatamente, ante la verificación de cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente al ambiente, tanto por parte de las autoridades administrativas o judiciales como por parte de los responsables de su ejecución”.
La Cámara exhortó a que las autoridades «propicien y mantengan permanentemente un máximo nivel de control sobre las actividades del proyecto, para cumplir con las mandas que el derecho impone en la materia, respecto a la tutela del medio ambiente, y para velar por el cumplimiento de cualquiera de las condiciones antes establecidas».
El levantamiento de la cautelar habilita a la empresa noruega Equinor, asociada a YPF y a Shell en este proyecto, a continuar las tareas exploratorias ya iniciadas costas afuera de Mar del Plata, que demandarán –informaron– una inversión de unos 100 millones de dólares, repartidos en tres partes iguales.
La continuación de las actividades se había puesto en duda en caso de no verificarse una resolución judicial favorable.
Incluso, como informamos, un barco de Equinor, en apariencia destinado a sumarse a las exploraciones sísmicas en nuestras costas, había cambiado su destino para dirigirse a Surinam, según lo indicado por la organización Greenpeace.
