Por Luis Gotte
Los 135 municipios de la provincia de Buenos Ayres se rigen por un decreto de la dictadura militar de 1958. Sus artículos son los que organizan la vida interna de los pueblos dentro de un régimen autárquico y nuestra Constitución provincial se encuentra en una situación de desobediencia ante las normas que establece la Constitución Nacional. Por lo tanto, es urgente una reforma para acatar lo establecido por el art. 123 de la Ley Suprema, en lo referente a las autonomías municipales.
El poder político sustenta la idea de la “autarquía” como herramienta suficiente para que los intendentes ejecuten sus políticas públicas y logren la prosperidad de sus municipios. Además, pueden elegir a sus autoridades, disponer de lo que recaudan y coparticipa la provincia. Sin embargo, no están habilitados para tener autonomía institucional como dispone el art. 123 de la Constitución Nacional, es decir, dictar sus propias Cartas Orgánicas. Situación anómala que nos lleva a considerar que el poder político bonaerense es centralista, unitario, responsable, en gran medida, de la actual crisis provincial.
Los partidos-municipios bonaerenses tienen características espaciales, poblacionales, económicas, sociales, muy disímiles, lo que hace inviable todo proyecto de crecimiento al regirse por aquel decreto militar, el N° 6769, aunque le practiquen actualizaciones varias. La realidad es que hay poca voluntad de cambios para suprimirlo, porque implica descentralizar-restar poder político, a lo que no están dispuestos.
Nuestros pueblos, como delegaciones, son vistas y utilizadas como meras oficinas recaudadoras de impuestos. Y de votos políticos. Nuestros jóvenes, al no cumplirse sus expectativas, migran hacia otras ciudades. Los pueblos mueren, adquiriendo la categoría de “pueblos fantasmas” y, en otros, nacen las conurbanizaciones, con las problemáticas que todos conocemos.
De ahí que no se trata de una simple discusión de poder, de descentralización-centralización, por el contrario, son dos modelos de organización del municipio diferentes y de cómo responde el intendente ante los reclamos del vecino: en seguridad, salud, educación, obras de infraestructura, esparcimiento, inversiones, etcétera.
Nuestros municipios, a diferencia del resto de las provincias, se dividen en una ciudad cabecera (o capital), delegaciones municipales y pueblos. Así, por ejemplo, el Partido de La Matanza, con cabecera en San Justo, tiene 16 ciudades que reciben la categoría jurídica de Delegación Municipal, con un delegado elegido “por el dedo” del intendente, así lo dispone el decreto militar mencionado.
Sus delegaciones principales son Gregorio de Laferrere, con 250 mil habitantes, Isidro Casanova, de 190 mil, Rafael Castillo 150 mil; por lo que vemos, son más importantes dichas delegaciones que la propia ciudad cabecera, con mucho menos población, pero las decisiones políticas, principalmente las que tiene que ver con el presupuesto comunal y las inversiones en obras, las toma la capital. Esto sucede con todos nuestros municipios, es más, algunas delegaciones, como Batán, de General Pueyrredón, no cuenta con concejales, entonces ¿quién defiende los intereses del batanense? ¿quién los representa ante el entendente o el Concejo Deliberante?
Esto naturalmente genera tensiones entre la ciudad cabecera y sus delegaciones, cuyos vecinos no ven progresos en su comunidad. Este es el segundo gran problema, aparte de la negación a las autonomías, es el vacío legal del régimen municipal bonaerense para el reconocimiento de nuevos municipios, dado que existen ciudades con una clara identidad y grado de desarrollo que las impulsa a promover su cambio jurídico de delegación a partido-municipio.
Los distintos enfoques teóricos referentes al municipalismo advierten que las ciudades sobredimensionadas son imposibles de administrar eficientemente, donde las realidades barriales son muy heterogéneas en sus problemáticas y reclamos y donde casi nunca el intendente llega. Por otro lado, existe una relación histórica, pasado-presente, de nuestra organización administrativa de los municipios y sus autonomías, que nacen desde el cabildo hispano, en el convencimiento de que es el gobierno local el que puede desarrollar el entramado necesario por su prosperidad, como así lo veían Manuel Dorrego, Esteban Echeverría, Leandro Alem, etcétera.
El tercer problema, que está relacionado directamente con los dos puntos anteriores, es que tenemos un Conurbano sobrepoblado y 290 mil km2 de superficie con escasa población. Urgen políticas estratégicas de repoblamiento que permitan contar con, en promedio, unos 50 mil habitantes por cada ciudad capital y de 10 a 15 mil habitantes por comuna no cabecera.
Un municipio descentralizado, con plena autonomía y la población necesaria, podría desarrollar nuevas fortalezas para su economía local y definir acciones políticas que incentiven la inversión y el empleo; al ser estos responsables por la infraestructura y prestación de servicios, cumplirían con una gestión más eficiente, con una administración financiera transparente y a disposición del vecino, con mucha menos burocracia.
La próxima administración política bonaerense deberá dejar de lado su conducción centralista del poder y comprender la necesidad de que los pueblos, los vecinos organizados desde sus Cartas Orgánicas, asuman su papel de organizador y administrador de sus propios destinos. La persona humana solo puede realizarse en una comunidad que también se realice.
Los bonaerenses deberán trabajar para construir y fortalecer un nuevo sistema comunal, desde un federalismo con base en el gobierno local, que enfrente a las demandas de sus vecinos, a sus angustias y temores de un futuro lleno de incertidumbres. Organizar a nuestras comunas, dotándolas de energía y musculatura suficiente para que le permita a nuestra provincia de Buenos Ayres alcanzar su grandeza y que nuestro pueblo sea un poco más feliz.
*Luis Gotte
Co-autor de “Buenos Ayres Humana, la hora de tu comunidad” Ed. Fabro, 2022
