Los colegios de gestión privada que atienden a estudiantes con discapacidad alertaron sobre el grave deterioro financiero que atraviesa el sector. La falta de actualización en los valores arancelarios, sumada a los atrasos en los pagos por parte del Estado, pone en jaque la continuidad de servicios educativos esenciales en todo el país.
Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que agrupa a más de cien servicios educativos especializados, expresaron su apoyo al proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad presentado en el Congreso Nacional. Advirtieron que el problema excede lo presupuestario y afecta directamente el derecho de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a recibir una educación de calidad.
“Lo que está en juego no es una línea del presupuesto, sino la inclusión y el desarrollo real de chicos y chicas con discapacidad”, afirmó Laura Giorgi, referente de educación especial en AIEPA. Según explicó, hoy las instituciones enfrentan un desfase de más del 70 % entre los aranceles que perciben y la inflación acumulada. Mientras los costos —sobre todo los salariales— se actualizan periódicamente, los ingresos permanecen congelados y los pagos, en muchos casos, se efectivizan recién 90 días después de facturar.
La situación se agrava con el congelamiento del nomenclador nacional, que regula los aranceles de las prestaciones, suspendido desde diciembre de 2024 por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las escuelas funcionan con déficit, algunas redujeron servicios y otras evalúan cerrar.
“El panorama es crítico. Sin una solución estructural, se ven afectados nuestros puestos de trabajo, pero sobre todo la inclusión y la dignidad de una de las poblaciones más vulnerables del país”, remarcó Giorgi.
Además de las escuelas especiales, la problemática impacta en el acompañamiento de estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes. Los apoyos externos —como maestros integradores, psicopedagogos, fonoaudiólogos y acompañantes terapéuticos— trabajan con honorarios desactualizados y condiciones que no permiten sostener su tarea.
AIEPA denuncia que las instituciones sobreviven “haciendo malabares financieros”, mientras aumenta la demanda de atención especializada y se debilita la red que garantiza derechos. “Si la ley no avanza, muchas escuelas podrían cerrar. Y con ellas, se perderían empleos y miles de chicos quedarían sin la atención que necesitan”, advirtió Giorgi.
Los testimonios recabados por la entidad reflejan la gravedad de la situación. En La Matanza, Alejandra Luciani, representante legal del colegio Portal del Sol, señaló: “Vivimos una emergencia. Las decisiones que congelan valores, traban certificados y entorpecen autorizaciones nos dejan en la cuerda floja”. Su institución, con jornada extendida y comedor, enfrenta gastos crecientes y fondos congelados, lo que compromete su funcionamiento.
En Mercedes, Elena Sequeira, directora de Vamos Creciendo, denunció que la deuda por prestaciones supera los 278 millones de pesos. Las autorizaciones llegan con meses de atraso y los pagos, aún más tarde. “Es un sistema insostenible. No reclamamos por caridad, sino por ley”, subrayó.
Tanto Luciani como Sequeira reclamaron un Estado presente y activo, con una Agencia Nacional de Discapacidad que tenga verdadera capacidad de auditoría y gestión. Coinciden en que la educación inclusiva no puede depender de los vaivenes económicos ni de las dilaciones administrativas.
“La discapacidad no distingue clases sociales. Puede aparecer en cualquier familia, en cualquier momento. El compromiso de las instituciones es inclaudicable, pero necesitamos condiciones para sostenerlo”, concluyeron desde AIEPA.
