El año 2022 arrancó con aumentos en varios rubros, entre los que se destacan el monotributo (26 por ciento en promedio), los peajes, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y las prepagas, entre otros.
Estas actualizaciones, sumadas a las de los servicios públicos, telefonía, cable y televisión, la actualización de alquileres, y habrá que ver qué pasa con naftas y transporte, presagian inflación sin techo para este año.
Además, seguirá influyendo la emisión monetaria (principal fuente de financiamiento del país), dado que los pesos excedentes de la economía terminan yendo a consumo (elevando la demanda) o a la compra de divisa extranjera en el mercado informal, lo que origina mayor inflación
El impacto sobre la vida de los ciudadanos resulta directo y los desequilibrios que genera dificultan la estabilidad y buen funcionamiento de la economía.
No es casualidad que la inflación sea la principal preocupación de los hogares.
En este contexto, los sucesivos gobiernos fueron implementando diferentes políticas económicas para intentar contenerla.
Una de esas políticas es la del control de precios a bienes de primera necesidad y de consumo masivo, que en la última década fue tomando distintas formas.
El objetivo no fue que ciertos productos líderes sirvieran como referencia para ayudar a contener la inflación sino sostener una canasta accesible para los sectores de menores ingresos, con actualizaciones de un periodo de uno a dos meses.
El cambio de gobierno en 2019 implicó un nuevo viraje. Se buscó establecer precios de referencia, por lo que se amplió la canasta (más de 600 productos) añadiéndose nuevamente productos de primeras marcas.
La gran diferencia con el resto de los controles es que se trataba de un congelamiento que solo contempló dos aumentos a lo largo del 2020, buscando no solo ser una referencia, como en los programas anteriores, sino frenar la inflación artificialmente por medio de un congelamiento.
Dada la magnitud del programa, fue posible observar un efecto sobre la evolución conjunta de estos precios. Así, mientras la inflación general acumuló 26 por ciento entre abril y diciembre de 2020, la inflación de los bienes de consumo masivo, construida con base en la información brindada por INDEC, fue de 16 por ciento, avanzando, en promedio, 1,7 mensual.
Con la aceleración de la inflación a comienzos del 2021, el congelamiento ya no lucía sostenible. Si bien el programa se desarmó en su totalidad en junio de 2021, el IPC de consumo masivo se aceleró desde febrero del año pasado, alcanzando incrementos medios mensuales de 3,7 por ciento entre febrero y octubre del 2021, por encima de la inflación nacional.
Este comportamiento dejó en evidencia que, si bien el programa tuvo un efecto sobre este grupo de bienes en el corto plazo, añadió una mayor presión sobre el nivel de precios en los meses siguientes.
Último congelamiento
En el contexto electoral, en el cual la inflación de consumo masivo se aceleró a lo largo del 2021, la Secretaría de Comercio Interior anunció un nuevo congelamiento a mediados de octubre, abarcando un grupo de aproximadamente 1.400 productos.
Este nuevo programa se mantuvo hasta noviembre (en diciembre la canasta cambió y se autorizaron incrementos) y fue reemplazado por un nuevo esquema que se mantendrá durante el primer trimestre de 2022. En este contexto resulta relevante preguntarse cuál fue el efecto del último congelamiento implementado.
En noviembre, el índice de precios de consumo masivo se desaceleró, pero volvió a crecer en diciembre. Así, el congelamiento pareciera haber tenido un efecto en el muy corto plazo (noviembre), que se habría visto parcialmente diluido una vez que el programa fue modificado.
Vale destacar que el efecto de estos programas incide principalmente sobre productos empaquetados. A diferencia, algunos alimentos frescos, como es el caso de la carne, pretenden ser regulados con programas, como cortes cuidados, y políticas, como el cepo a la exportación, sin que ocurra un impacto significativo en el mediano plazo.
El gobierno busca contener los precios de consumo masivo mediante controles pero su incidencia apenas supera el 15 por ciento de la canasta que mide la inflación.
Considerando que el capítulo de alimentos y bebidas pesa 27 por ciento, ya que se le suman carnes, frutas y verduras, el control de precios puede tener un impacto marginal y en el corto plazo sobre el capítulo y puede ser contrastado por la aceleración de otros grupos.
Los múltiples factores que alimentan la inflación, especialmente en un contexto de precios relativos altamente distorsionados, hace que este tipo de programas no sean suficiente para contener la elevada inercia: a pesar de los controles, la inflación núcleo lleva 15 meses consecutivos ubicándose por encima del 3 por ciento mensual.
Expectativas 2022
El panorama inflacionario para 2022 no luce optimista. En 2021, la inflación fue de 50,9 por ciento, retornando a los niveles pre pandemia. Esta cifra se alcanzó con tarifas de servicios públicos sin importantes correcciones y un ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial que se ubicó por debajo de la inflación.
Así, en el presente año es esperable una corrección, al menos, parcial, de estos precios relativos.
Por un lado, habría un aumento que, en principio, rondaría el 20 por ciento para las tarifas en los próximos meses. Además, el dólar oficial ya aceleró el ritmo de depreciación en las últimas semanas, lo cual da señales de un cambio en la estrategia cambiaria. De esta manera, dos variables que se encontraron prácticamente desactivados en el año anterior, han empezado a recobrar preponderancia desde el comienzo del año.
A su vez, los bienes de consumo masivo volverían a acoplarse a la evolución de la inflación núcleo en el corto plazo.
Así, la inflación se aceleraría en el primer trimestre de 2022, tal como ocurrió en 2021.
Además de los aumentos ya mencionados, se suman algunos factores estacionales que también incidirán sobre la suba de los primeros meses, acoplados a las paritarias.
