La geopolítica de los condenados surge como un concepto necesario para pensar un S.XXI que parece no encajar en las categorías heredadas de la modernidad ilustrada, del liberalismo económico ni del materialismo histórico. El 24 de febrero de 2023, cuando la Federación Rusa cruza la frontera con Ucrania, no solo se inicia un conflicto bélico en el corazón de Europa: se abre una nueva era –cuyo nombre definirá el futuro– en la que se reconfiguran las lógicas del colonialismo y de la resistencia a escala global y local.
En este nuevo ciclo histórico los cambios son tan abruptos que los marcos analíticos clásicos resultan insuficientes. Ya no se trata únicamente de confrontaciones materiales por recursos y territorios: hoy la disputa se traslada al campo virtual, donde los algoritmos, la IA y los flujos de datos se convierten en instrumentos de poder y colonización.
El concepto de soberanía algorítmica y la emergencia de un colonialismo digital plantean desafíos inéditos a la comprensión de la geopolítica en esta modernidad tardía.
Pero mientras los discursos académicos permanecen anclados en la retórica del libre mercado o de la lucha de clases, ha surgido un nuevo sujeto político hasta ahora invisibilizado: el municipio. En estos espacios se dirime, en gran medida, la vida cotidiana de los pueblos. Sin embargo, las localidades, los municipios y las provincias no logran cubrir las demandas básicas de sus comunidades. Lejos de constituirse en ámbitos de autonomía territorial, reproducen las mismas lógicas colonialistas y centralistas del siglo pasado.
Esta dinámica descansa sobre un fenómeno estructural que rara vez se nombra con claridad: la jerarquización del territorio. Como organización desigual del espacio geográfico en que se divide administrativamente un país, la jerarquización territorial es la resultante de estructuras de poder colonialista que establecen una escala de valor entre regiones y comunidades.
En este orden espacial, ciertos suelos son priorizados para la acumulación de riqueza, el control estratégico o la concentración de servicios, mientras que otros son despojados, contaminados o descartados. La tierra jerarquizada refleja una lógica de poder que se ha perpetuado, donde el acceso, uso y representación de los territorios está mediado por relaciones de poder asimétricas que definen qué vidas importan, qué espacios merecen ser defendidos y qué comunidades pueden ser explotadas o ignoradas.
En ese mapa jerárquico, millones de personas quedan condenadas a habitar territorios convertidos en cárceles administrativas. Prisioneros de sus propios espacios, muchos deben resignarse a la miseria cotidiana; otros buscan fugarse de ellos, despoblando regiones enteras que terminan repoblando los grandes conglomerados urbanos, especialmente el AMBA. Así, el régimen centralista convierte a intendentes y gobernadores en carceleros institucionales, encargados de mantener cierto orden en las celdas –los pueblos– y garantizar que cada recluso cumpla su única función política reconocida: votar.
La geopolítica de los condenados intenta ser el marco que permita describir este fenómeno con precisión. Cuando este enfoque se aplica de manera empírica, desde la observación directa del territorio, se evidencia que la línea de mando no se detiene en una capital provincial ni en Casa Rosada. Esa línea –invisible pero real– culmina en las oficinas de Londres como centro de poder global que sigue diseñando el destino de pueblos que creen vivir en democracia y soberanía.
Por todo ello, este concepto no es solo una categoría académica. Es una denuncia y, sobre todo, una invitación a repensar las ciencias sociales desde el municipio, de abajo hacia arriba, como espacio des jerarquizado; desde la comunidad como verdadero sujeto histórico, y desde la conciencia de que la autonomía territorial y cultural es la condición primera de cualquier democracia verdadera.
