De acuerdo a un estudio presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, el 43,8% de los argentinos se encontraba bajo la línea de la pobreza en octubre de 2021, cifra que, comparada con el año anterior (44,7%), representa una leve baja.
El dato más alarmante, sin embargo, se observó en la medición de chicos y adolescentes: el 64,9% de los menores viven en la pobreza.
Argentina está ante una “crisis y estancamiento en un marco de desigualdades crecientes”. Así lo indica la UCA en su informe de avance “Crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones sociales estructurales. Argentina Urbana 2010-2021” que se dio a conocer en las últimas horas.
Según el estudio, el 33,9% de los hogares y 43,8% de las personas se encontraron bajo la línea de la pobreza entre julio y octubre de 2021. En lo que refiere a pobreza por ingresos, el nivel sería levemente inferior al 44,7% registrado en 2020 pero sigue siendo superior a la de 2019, cuando se ubicó en 39,8%.
Los niveles de indigencia se encuentran en valores relativamente similares a los del 2019, previo a la pandemia del coronavirus. El 6,4% de los hogares y 8,8% de las personas son indigentes. En 2019 el 8,4% de las personas eran indigentes y en 2020 subió 9,8%.
En términos etarios, los más afectados por la indigencia y pobreza son los niños y adolescentes. Según la Encuesta de la Deuda Social del Observatorio, el 64,9% de los niños y adolescentes viven en hogares por debajo de la línea de la pobreza. El 14,7% se encuentra, además, por debajo de la frontera de la indigencia.
El 29,6% contó con un empleo regular pero precario, sin poder afiliarse al sistema de seguridad social.
Actividad laboral
El estudio también indica que se está ante una «caída tendencial de la tasa de actividad laboral y de los empleos, con deterioro creciente de los trabajos informales y en los perfiles sociales más vulnerables». Entre julio y octubre, solo el 42,1% de la población económicamente activa accedió a un empleo pleno de derechos.
El 29,6% contó con un empleo regular pero precario, con ingresos superiores a la subsistencia, pero sin poder afiliarse al Sistema de Seguridad Social. Mientras tanto, el 19,2% contó con un subempleo inestable, lo cual quiere decir que su subsistencia dependió de trabajos temporarios, “changas” o programas de empleo con contraprestación.
Esto marca una disminución marcada en la calidad del empleo en trabajadores marginales, residentes en hogares de nivel socioeconómico bajo o muy bajo, trabajadores del sector micro-informal, jóvenes y adultos mayores.
En lo que refiere a la recurrencia con la que los trabajadores deben atravesar situaciones de pobreza, el informe señala que más de 4 de cada 10 ocupados (un 44,1%) experimentó pobreza alguna vez entre 2019 y 2021.
De estos, el 16,6% la experimentó una sola vez, un 27,5% la experimentó en dos o tres oportunidades y un 16,7% la experimenta de forma “crónica”. Quienes tienen más propensión a esta situación son aquellos que integran hogares del estrato trabajador marginal.
El 29,6% del sector microinformal también tiene muy alta propensión a la pobreza crónica. Entre ellos, los más expuestos pertenecen al conurbano bonaerense y a pequeños aglomerados del interior del país.
El 43,8% de los hogares declaró que sus recursos no alcanzaros para gastos básicos.
Autopercepción
El estudio mide también la autopercepción; es decir, cómo los encuestados perciben su propia situación económica.
De los hogares encuestados, el 43,8% declaró que sus recursos monetarios recibidos no alcanzaron para cubrir sus gastos básicos. En el otro extremo, un 10,3% de los hogares incluso pudo ahorrar durante los años 2020 y 2021, respectivamente.
Aistencia social
Otro de los datos arrojados se refiere a las asistencias sociales recibidas. Durante 2021, el 33,8% de los hogares recibió alguna asistencia. Asimismo, un 20,5% de las unidades domésticas declaró haberse beneficiado de bolsones, viandas o de alimentos de comedores no escolares.
Para el ODSA, la pobreza refiere a “privaciones económicas injustas que afectan el desarrollo de las capacidades humanas en diferentes dimensiones de la vida social”. Entiende, a su vez, esta injusticia como un perjuicio a los derechos económicos y sociales que la Constitución Nacional consagra. Para medir la pobreza utiliza dos criterios clave: el derecho a un piso de justo bienestar económico y el derecho a formar parte de una sociedad de iguales.
Un 20,5% declaró haberse beneficiado de bolsones, viandas o de alimentos de comedores no escolares.
El Observatorio se propone ofrecer “una mirada que vaya más allá de los ingresos monetarios” con el fin de ayudar a “superar las barreras estructurales que limitan el desarrollo humano integral en nuestra sociedad”. El estudio sobre Deudas Sociales se presenta ininterrumpidamente desde el año 2005.
Fuente: de nuestra redacción y de Perfil
