Instituciones que brindan residencia y servicios a personas con discapacidad en Bahía Blanca atraviesan una situación crítica a partir de la interrupción de pagos que se realizaban a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La falta de estos fondos, que se arrastra desde diciembre, compromete la continuidad de espacios esenciales para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
En ese contexto, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, mantuvo un encuentro con referentes de entidades como el Cotolengo José Nascimbeni, el Hogar Don Orione e INCUDI, con el objetivo de analizar el escenario y coordinar posibles respuestas frente a la emergencia.
“Es fundamental que toda la dirigencia de Bahía Blanca se comprometa a gestionar para que el Ministerio de Salud cumpla con esta obligación. Estamos hablando de instituciones que cumplen un rol imprescindible en nuestra comunidad”, sostuvo el jefe comunal.
Además, Susbielles informó que solicitó una audiencia con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para avanzar en una solución que permita normalizar los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones.
En paralelo, el municipio puso en marcha una mesa de trabajo permanente integrada por áreas locales como la agencia de salud, desarrollo social, ambiente y hábitat, junto a la dirección general de discapacidad y accesibilidad, empresas y otras instituciones. El objetivo es articular medidas de contingencia que permitan sostener el funcionamiento de estos espacios y brindar previsibilidad tanto a trabajadores como a las personas asistidas.
La problemática no es exclusiva de Bahía Blanca. En distintos puntos del país, organizaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad vienen advirtiendo sobre demoras en los pagos, actualización insuficiente de aranceles y dificultades para cubrir costos operativos. En ese marco, prestadores y familiares han impulsado reclamos en las últimas semanas para visibilizar una situación que, de prolongarse, podría derivar en la reducción de servicios o incluso en cierres de instituciones.
En el plano local, la preocupación crece por el impacto directo que una eventual interrupción de las prestaciones tendría sobre decenas de familias bahienses que dependen de estos espacios para la atención cotidiana, la contención y la inclusión de personas con discapacidad.
