La marcha universitaria de la semana pasada en Buenos Aires —y las movilizaciones que se replicaron en muchas ciudades del país— expresa algo más profundo que una discusión presupuestaria. Lo que apareció en las calles fue una disputa sobre el sentido mismo de la educación pública y sobre qué tipo de sociedad quiere construir la Argentina.
Las universidades públicas argentinas no son solamente instituciones académicas. Para millones de personas representan movilidad social, identidad cultural, investigación científica, pensamiento crítico y, sobre todo, una de las pocas estructuras estatales que todavía conservan legitimidad transversal. Incluso personas que jamás pisaron una universidad suelen sentir que “la universidad pública es un patrimonio colectivo”. Por eso, cuando aparece la percepción de desfinanciación, la reacción excede al ámbito estudiantil.
También es cierto que el gobierno de Javier Milei llegó con un mandato social muy fuerte asociado al ajuste del gasto público y a una crítica profunda del Estado. Una parte importante de la sociedad votó precisamente eso: reducir estructuras que considera ineficientes, cuestionar privilegios y enfrentar una crisis económica que lleva años deteriorando salarios y expectativas. Desde esa mirada, el oficialismo interpreta muchas veces las protestas universitarias como resistencia corporativa o política.
Pero allí aparece una tensión central: una cosa es discutir cómo administrar, transparentar o modernizar el sistema universitario; otra muy distinta es debilitarlo hasta poner en riesgo su funcionamiento real. La educación pública puede y debe ser debatida, auditada y reformada. Sin embargo, cuando la discusión económica amenaza la continuidad de becas, investigaciones, salarios docentes o infraestructura básica, mucha gente siente que se está tocando un límite simbólico muy sensible.
Hay además un elemento cultural importante. La universidad pública argentina tiene un peso histórico enorme desde la Reforma Universitaria de 1918. Existe una idea muy arraigada de que el conocimiento no debe depender exclusivamente del poder adquisitivo. Y esa idea forma parte del imaginario democrático argentino casi tanto como el voto o la salud pública.
Por otro lado, las marchas también revelaron algo político: el gobierno mantiene apoyo social importante, pero al mismo tiempo empieza a encontrar sectores capaces de articular resistencia masiva. La universidad tiene una capacidad de convocatoria singular porque reúne estudiantes, docentes, científicos, familias, sindicatos, sectores culturales y ciudadanos sin afiliación partidaria. Cuando la educación se convierte en bandera, la protesta suele adquirir una legitimidad social más amplia que otras demandas sectoriales.
Quizás podríamos preguntarnos ¿qué lugar ocupa el conocimiento en una sociedad atravesada por la precariedad, la velocidad y el desencanto? En tiempos donde todo parece medirse por rentabilidad inmediata, la universidad todavía sostiene algo incómodo pero fundamental: el tiempo largo del pensamiento, de la investigación, de la formación crítica. Y eso tiene un valor democrático enorme.
Porque una universidad no solo forma profesionales. También forma ciudadanos capaces de discutir el poder, comprender la realidad y producir ideas propias. Y cuando una sociedad deja de invertir en eso, el deterioro no siempre se ve de inmediato en las cuentas públicas; muchas veces aparece años después, en la pérdida de horizonte colectivo.
Y probablemente por eso la marcha produjo tanta identificación incluso fuera del ámbito universitario. Porque, más allá de las posiciones partidarias, mucha gente sintió que allí se discutía algo ligado a la memoria social argentina: la idea de que estudiar puede cambiar una vida.
En un país atravesado históricamente por crisis económicas recurrentes, la universidad pública funcionó durante décadas como una especie de “promesa democrática”. No garantizaba riqueza, pero sí la posibilidad de ascenso, de formación, de acceso al conocimiento para hijos de trabajadores, pueblos del interior y sectores que, de otro modo, hubieran quedado excluidos.
Tal vez por eso el debate genera tanta sensibilidad. Cuando se cuestiona el financiamiento universitario, no solo se discute una partida presupuestaria: se pone en tensión una narrativa colectiva sobre igualdad y futuro.
Muchos gobiernos contemporáneos, no solo en Argentina sino en distintas partes del mundo, hablan el lenguaje de la eficiencia económica. Pero las universidades producen algo que no siempre puede medirse en términos inmediatos: pensamiento, ciencia, cultura, ciudadanía, capacidad crítica. Y justamente porque no todo eso es rentable en el corto plazo, suele entrar en tensión con modelos políticos muy centrados en el ajuste o en la lógica empresarial del Estado.
También hay un componente emocional muy fuerte. Muchísimas familias argentinas tienen una historia ligada a la educación pública: el primer universitario de la familia, el docente admirado, la beca que permitió estudiar, el hijo que emigró gracias a su formación, el investigador que salió de una universidad del interior. La universidad está cargada de relatos personales y de afectos sociales.
Por eso las marchas universitarias suelen tener un clima distinto a otras protestas. Hay enojo, sí, pero también hay una defensa de algo que muchos perciben como un bien común. No se marcha solamente “contra” algo; muchas veces se marcha “para preservar” una idea de país. Y las universidades son instituciones que expresan un proyecto colectivo a largo plazo. Una perspectiva que no queremos perder.
