Un reciente informe que publica la Fundación Producir Conservando, con el título Un nuevo ciclo exige una nueva mirada, analiza el escenario agrícola 2025-2026 en el que vislumbran señales positivas, advirtiendo al mismo tiempo que se plantean desafíos que requieren visión de largo plazo.
Afirman en el artículo que en días en los que se define la planificación del año agrícola, a diferencia de los últimos ciclos, la variable climática −especialmente la reserva de agua en el suelo en el área triguera− es muy favorable. Se prevé un incremento del área sembrada del 7 %, alcanzando entre 6,8 y 7 millones de hectáreas.
De mantenerse las condiciones, se podría alcanzar una producción de 21 a 22 millones de toneladas de trigo y de 5 a 5,5 millones de toneladas de cebada, frente a las 18,8 y 5,1 millones, respectivamente, logradas en la última campaña.
Hasta aquí, las variables de corto plazo son la tecnología a aplicar y sus costos. Pero aún resta definir el escenario internacional de precios, condicionado por una posible sobreoferta global, y el marco fiscal que se aplicará localmente sobre la producción exportable.
Como ocurre desde hace mucho, las urgencias fiscales de corto plazo −en pos del equilibrio presupuestario y la reducción de la inflación− son la prioridad de la autoridad económica. Ya van 23 años de esta lógica sistemática de corto plazo, y 10 años de estancamiento en área sembrada y producción.
Desde la reimplantación, en 2002, de los DEX (Derechos de Exportación o Retenciones) al complejo granario y a otras actividades exportadoras, solo desde granos y subproductos se han aportado al Estado 138.900 millones de dólares, según la consultora Agritrend. Este año, ese aporte rondará los 6.000 millones de dólares, generados por exportaciones cercanas a los 34.000 millones.
Desde la fundación lo plantearon ya en 2010: si se hubiera destinado solo el 10 % de lo recaudado en retenciones del complejo granario a infraestructura vial, hasta hoy se podrían haber construido 11.000 km de autopistas en la Argentina (en 2010 ya estimaban un potencial de 7.000 km). Esto no solo habría reducido los costos logísticos, sino también la siniestralidad vial, en un país tristemente destacado por sus cifras en esta materia.
Lo que ocurra con la política fiscal de corto plazo será clave para definir si se consolida el crecimiento o si seguimos estancados en estos niveles de área sembrada y producción. Pero es importante ver el bosque, y no solo el árbol que tenemos enfrente.
La incertidumbre internacional, alimentada por guerras activas y potenciales conflictos geopolíticos, se suma a las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, generando un marco difuso para la planificación a largo plazo.
Sin embargo, parece claro que los países emergentes −principalmente en Asia− continuarán creciendo en PBI per cápita y mejorando su dieta, lo que asegura una demanda sostenida de alimentos para los próximos años.
El año pasado la entidad había estimado un potencial real de exportaciones agroindustriales para 2030 de casi 58.000 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento cercano a 20.000 millones respecto de las campañas recientes, lo que implicaría una inversión anual de entre 11.000 y 12.000 millones de dólares en costos de implantación y protección de cultivos, sin contar incentivos como el régimen RIGI vigente en otros sectores de la economía.
El informe sostiene que deben sumarse a las limitantes externas las propias incertidumbres: condicionamientos políticos (especialmente por las elecciones de medio término), institucionales, sociales y económicos. Superarlas es clave para generar la confianza necesaria que permita mayor inversión, crecimiento y empleo.
Estamos transitando un cambio de rumbo. Vemos una luz al final del túnel que hace mucho no teníamos, pero en esta transición deberían aparecer propuestas de mediano y largo plazo. Si no las abordamos hoy, nos limitarán mañana. Lleva tiempo resolverlas.
Temas como la inteligencia comercial, la apertura de nuevos mercados, el agregado de valor, la promoción de inversiones y exportaciones, y la mejora de la precaria infraestructura (caminos, transporte fluvial, ferroviario, energía, conectividad, salud y educación de calidad en el interior) deben empezar a plantearse y resolverse.
Ojalá la inversión privada lidere este proceso, pero sin dudas hay que iniciar el camino. El Estado tiene la responsabilidad de mostrar determinación y avances concretos en la planificación de largo plazo.
Lo venimos planteando desde hace meses, advierte la fundación: el avance económico desde diciembre de 2023 ha sido notable −equilibrio fiscal, baja de inflación, salida parcial del cepo, desregulación− pero eso solo no alcanza si aspiramos a un país en crecimiento y sustentable para las próximas décadas.
