Sarita era una cachorra. De esas que parecen hechas de entusiasmo. Corría detrás de cualquier sombra, jugaba con otros perros del barrio, saludaba a quien se cruzara en su camino con esa alegría sencilla que solo conocen los animales que todavía no han aprendido a desconfiar del mundo.
Hace una semana murió atropellada.
No fue la primera. En ese mismo tramo de la avenida Alfonsín entre San Martín y Bahía Blanca, ya son tres los perros que han perdido la vida bajo las ruedas de vehículos que circulan a velocidades incompatibles con la convivencia cotidiana de una comunidad. Tres muertes que, para algunos, quizás no sean más que estadísticas menores o anécdotas desafortunadas. Pero detrás de cada una hubo un ser vivo, una familia que lo cuidaba, niños que jugaban con él y vecinos que hoy sienten un vacío difícil de explicar.
La muerte de un perro nunca debería ser considerada un hecho insignificante.
La manera en que una sociedad trata a los animales dice mucho sobre cómo entiende la vida. Porque un perro no es un objeto que ocupa un patio. Es parte de una familia. Es compañía para una persona mayor que vive sola. Es el amigo inseparable de un niño. Es presencia, afecto y vínculo. Cuando uno de ellos muere de forma evitable, algo de nuestra humanidad también resulta herido.
Por supuesto, los dueños tienen responsabilidades. Cuidar a una mascota implica protegerla, supervisarla y procurar su bienestar. Nadie discute eso. Pero reconocer esa responsabilidad no puede transformarse en una excusa para naturalizar lo que está ocurriendo.
Porque aquí no estamos hablando de un accidente inevitable.
Estamos hablando de una avenida donde la velocidad se ha convertido en una costumbre. De un espacio que atraviesa una zona habitada, donde viven familias, circulan bicicletas, caminan personas y juegan niños. Estamos hablando de vehículos que muchas veces avanzan como si estuvieran en una ruta, ignorando que la calle es, antes que nada, un lugar compartido.
Y esa es la verdadera cuestión.
Cuando un conductor atraviesa un sector urbano a gran velocidad, no solo pone en riesgo a los animales. También pone en riesgo a las personas. Hoy fue Sarita. Antes fueron otros dos perros. Mañana podría ser un niño persiguiendo una pelota. Podría ser un adulto mayor cruzando la calle. Podría ser cualquiera.
La velocidad no solo acorta los tiempos de viaje. También reduce los tiempos de reacción. Convierte un error en tragedia. Multiplica las consecuencias de cualquier imprevisto. Por eso, en todo el mundo, las políticas de seguridad vial insisten en algo elemental: cuando la velocidad baja, las vidas se salvan.
Por esa razón, el reclamo de los vecinos merece ser escuchado.
La instalación de reductores de velocidad, una mejor señalización y controles periódicos no son medidas exageradas ni caprichosas. Son herramientas básicas de prevención. Son decisiones sencillas que pueden evitar sufrimiento, pérdidas irreparables y futuras tragedias.
A veces las autoridades actúan después de que ocurre lo peor. Después de una muerte que conmociona a toda una comunidad. Después de una noticia que ocupa titulares durante algunos días y luego cae en el olvido. Pero gobernar también significa anticiparse. Significa escuchar las señales antes de que el problema se vuelva irreversible.
Sarita ya no volverá a correr detrás de otros perros. Ya no recibirá a sus dueñas moviendo la cola. Ya no formará parte de esas pequeñas escenas cotidianas que construyen la felicidad de una familia.
Su historia, sin embargo, puede servir para algo más que la tristeza.
Puede convertirse en una advertencia. En un llamado de atención. En la oportunidad de preguntarnos qué clase de comunidad queremos ser: una que espera la próxima tragedia o una que toma medidas para evitarla.
Porque cuando una calle se vuelve peligrosa para los animales, también está empezando a volverse peligrosa para las personas.
Y porque ninguna obra será tan importante como la que logre que una vida —sea humana o animal— regrese sana y salva a su casa.
Tres perros atropellados en el mismo lugar no son hechos aislados; son una señal de que existe un problema estructural. El desafío es actuar antes de que la próxima víctima sea una persona.
